Política
¡Urgente investigación de nuevo Congreso a Caja Militar Policial!
hcmujica@gmail.com
9 de julio del 2026
Informe
Señal de Alerta-Herbert Mujica Rojas
10-7-2026
¡Urgente investigación de nuevo Congreso a Caja Militar Policial!
¿Qué clase de justicia es la que se imparte y que coincide con los deseos (¿órdenes?) de Administradora de Comercio S.A. (creada para reemplazar a la Caja Militar Policial) en perjuicio de decenas de clientes a los que se enajenaron los departamentos que compraron hace años?
Pocas semanas atrás, y acogiendo los muy discutidos fundamentos de la Administradora de Comercio S.A. (Caja Militar Policial Militar), el Tribunal Constitucional declaró infundada la solicitud de amparo presentada por los demandantes.
¡Urgente que el nuevo Congreso investigue hasta las últimas consecuencias a las bandas de que han perjudicado a cientos de ciudadanos a los que se despojó con ardides y presiones, de sus propiedades!
Integraron la Sala Constitucional el ponente Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Domínguez Haro. ¿No es cierto, acaso, que NO se recibió a los demandantes y sí a los demandados? ¿Fue pura coincidencia entonces declarar infundada, la solicitud de los ex clientes?
Caja Militar Policial, nunca cumplió con la inscripción en Registros Públicos, sus directivos fueron encarcelados por delincuentes, largos años, “vendieron” cartera a Administradora de Comercio y ésta, a su vez, los ha “vendido” a terceros. ¡Ilegalidad tras ilegalidad!
Los perjudicados, juntaron esfuerzos y conformaron un colectivo que demandó en múltiples procesos a Administradora de Comercio S.A. (Caja Militar Policial) y esta tiene muy buenos contactos porque siempre gana en desmedro de ciudadanos que con mucho esfuerzo confiaron en una institución muy cuestionada.
Las irregularidades de Caja Militar Policial (Administradora de Comercio S.A.), son numerosas. Para muestra un botón. En la Esquela de Observación que emite Sunarp, se lee que:
“El acuerdo de Directorio del 02-12-2008, mediante el cual si bien en ella se aprobó por unanimidad de sus integrantes a efectos de que por el pago de la suma de US$ 11’393,999.00 se adquiera parte de la Cartera Inmobiliaria de la Caja de Pensiones Militar Policial, sin embargo en dicho directorio no se ha especificado sobre qué inmuebles recae la citada adquisición”. La voluntad de negociar lo que no era propiedad de la Caja es más que evidente”.
Nótese que la demandada, Administradora de Comercio S.A. (Caja Militar Policial), pareciera tener un poder extraordinario para retrasar, entorpecer las denuncias en su contra y por la comisión de hechos señalados en el Código Penal como delitos.
Por tanto infiérese la urgencia para el nuevo Parlamento de formar una comisión investigadora multipartidaria.
El nuevo gobierno no debe pasar por alto esta clase de latrocinios en perjuicio de ciudadanos honrados.
¿No parece una rara coicidencia que las sentencias judiciales favorezcan siempre a la demandada Administradora de Comercio S.A., perjudicando ya por más de 30 años, a los clientes que obraron de buena fe, pagaron sus cuotas iniciales y confiaron en una empresa que demostró caminar por rutas sucias y tramposas?
¿Cuánto debe Administradora de Comercio S.A. a la Sunat? ¿En qué estado están los procesos en Indecopi? ¿Es cierto que estaría pagando con algunos de estos departamentos que “compró” de manera impugnable y por artes vedadas?
Múltiples despachos periodísticos desde hace largos años, han dado cuenta de maniobras judiciales, sentencias incomprensibles, injusticias manifiestas contra los clientes engañados sin que se logre arribar, siquiera, a posibilidades de arreglo y cierre, en buenos términos, de las situaciones.
Los ex directivos de la Caja Militar Policial delinquieron y fueron a dar con sus huesos a la cárcel. Es decir si se trata de certificados de buena conducta, no los tienen. En cambio, crearon Administradora de Comercio S.A. y a través de ella, presuntamente, persisten en hacer negocios que siempre dejan muertos y heridos, y una sola empresa favorecida.
¿Cuántas firmas comerciales, vía testaferros, han seguido actuando y copiando modalidades delictivas con los resultados que venimos comentando?
Cuando se compra un bien mueble o inmueble se debe inscribir la adquisición en registros públicos. Digamos, un vehículo tiene que salir con su nombre en la tarjeta de propiedad.
Los plazos de pago deben contemplar las mensualidades, la cuota inicial pero nada de esto tiene que ser pretextado, como en el caso, presente, para no hacer la inscripción.
Argumentación
Se adquiere un departamento y su estacionamiento (precisando que los actos jurídicos están contenidos en la minuta de compraventa del 28 de abril de 1995 y adenda del 16 de marzo de 1996), a la Caja de Pensiones Militar Policial, realizando los respectivos pagos hasta que conforme es de conocimiento público, luego de la caída del régimen fujimorista (años 2000-2001), la referida entidad dejó de funcionar un tiempo debido a que los integrantes de la directiva, fueron procesados y encarcelados por la fraudulenta administración.
La simulación de un acto jurídico constituye un delito aquí o en cualquier parte del mundo.
Hasta 1999 la Caja de Pensiones Militar Policial se negó a elevar a escritura pública los contratos de compra-venta; con pretextos mil nunca se satisfizo la demanda legítima de los propietarios; en el camino la Caja Militar Policial vende a su empresa Administradora de Comercio S.A., las propiedades, simulando venta a su favor, siempre un engaño o ardid.
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hcmujica@gmail.com
9 de julio del 2026
Informe
Señal de Alerta-Herbert Mujica Rojas
10-7-2026
¡Urgente investigación de nuevo Congreso a Caja Militar Policial!
¿Qué clase de justicia es la que se imparte y que coincide con los deseos (¿órdenes?) de Administradora de Comercio S.A. (creada para reemplazar a la Caja Militar Policial) en perjuicio de decenas de clientes a los que se enajenaron los departamentos que compraron hace años?
Pocas semanas atrás, y acogiendo los muy discutidos fundamentos de la Administradora de Comercio S.A. (Caja Militar Policial Militar), el Tribunal Constitucional declaró infundada la solicitud de amparo presentada por los demandantes.
¡Urgente que el nuevo Congreso investigue hasta las últimas consecuencias a las bandas de que han perjudicado a cientos de ciudadanos a los que se despojó con ardides y presiones, de sus propiedades!
Integraron la Sala Constitucional el ponente Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Domínguez Haro. ¿No es cierto, acaso, que NO se recibió a los demandantes y sí a los demandados? ¿Fue pura coincidencia entonces declarar infundada, la solicitud de los ex clientes?
Caja Militar Policial, nunca cumplió con la inscripción en Registros Públicos, sus directivos fueron encarcelados por delincuentes, largos años, “vendieron” cartera a Administradora de Comercio y ésta, a su vez, los ha “vendido” a terceros. ¡Ilegalidad tras ilegalidad!
Los perjudicados, juntaron esfuerzos y conformaron un colectivo que demandó en múltiples procesos a Administradora de Comercio S.A. (Caja Militar Policial) y esta tiene muy buenos contactos porque siempre gana en desmedro de ciudadanos que con mucho esfuerzo confiaron en una institución muy cuestionada.
Las irregularidades de Caja Militar Policial (Administradora de Comercio S.A.), son numerosas. Para muestra un botón. En la Esquela de Observación que emite Sunarp, se lee que:
“El acuerdo de Directorio del 02-12-2008, mediante el cual si bien en ella se aprobó por unanimidad de sus integrantes a efectos de que por el pago de la suma de US$ 11’393,999.00 se adquiera parte de la Cartera Inmobiliaria de la Caja de Pensiones Militar Policial, sin embargo en dicho directorio no se ha especificado sobre qué inmuebles recae la citada adquisición”. La voluntad de negociar lo que no era propiedad de la Caja es más que evidente”.
Nótese que la demandada, Administradora de Comercio S.A. (Caja Militar Policial), pareciera tener un poder extraordinario para retrasar, entorpecer las denuncias en su contra y por la comisión de hechos señalados en el Código Penal como delitos.
Por tanto infiérese la urgencia para el nuevo Parlamento de formar una comisión investigadora multipartidaria.
El nuevo gobierno no debe pasar por alto esta clase de latrocinios en perjuicio de ciudadanos honrados.
¿No parece una rara coicidencia que las sentencias judiciales favorezcan siempre a la demandada Administradora de Comercio S.A., perjudicando ya por más de 30 años, a los clientes que obraron de buena fe, pagaron sus cuotas iniciales y confiaron en una empresa que demostró caminar por rutas sucias y tramposas?
¿Cuánto debe Administradora de Comercio S.A. a la Sunat? ¿En qué estado están los procesos en Indecopi? ¿Es cierto que estaría pagando con algunos de estos departamentos que “compró” de manera impugnable y por artes vedadas?
Múltiples despachos periodísticos desde hace largos años, han dado cuenta de maniobras judiciales, sentencias incomprensibles, injusticias manifiestas contra los clientes engañados sin que se logre arribar, siquiera, a posibilidades de arreglo y cierre, en buenos términos, de las situaciones.
Los ex directivos de la Caja Militar Policial delinquieron y fueron a dar con sus huesos a la cárcel. Es decir si se trata de certificados de buena conducta, no los tienen. En cambio, crearon Administradora de Comercio S.A. y a través de ella, presuntamente, persisten en hacer negocios que siempre dejan muertos y heridos, y una sola empresa favorecida.
¿Cuántas firmas comerciales, vía testaferros, han seguido actuando y copiando modalidades delictivas con los resultados que venimos comentando?
Cuando se compra un bien mueble o inmueble se debe inscribir la adquisición en registros públicos. Digamos, un vehículo tiene que salir con su nombre en la tarjeta de propiedad.
Los plazos de pago deben contemplar las mensualidades, la cuota inicial pero nada de esto tiene que ser pretextado, como en el caso, presente, para no hacer la inscripción.
Argumentación
Se adquiere un departamento y su estacionamiento (precisando que los actos jurídicos están contenidos en la minuta de compraventa del 28 de abril de 1995 y adenda del 16 de marzo de 1996), a la Caja de Pensiones Militar Policial, realizando los respectivos pagos hasta que conforme es de conocimiento público, luego de la caída del régimen fujimorista (años 2000-2001), la referida entidad dejó de funcionar un tiempo debido a que los integrantes de la directiva, fueron procesados y encarcelados por la fraudulenta administración.
La simulación de un acto jurídico constituye un delito aquí o en cualquier parte del mundo.
Hasta 1999 la Caja de Pensiones Militar Policial se negó a elevar a escritura pública los contratos de compra-venta; con pretextos mil nunca se satisfizo la demanda legítima de los propietarios; en el camino la Caja Militar Policial vende a su empresa Administradora de Comercio S.A., las propiedades, simulando venta a su favor, siempre un engaño o ardid.