Informe
Señal de Alerta-Herbert Mujica Rojas
10-12-2025

Reducidores, testaferros y Caja Militar Policial

La venta de bienes robados es un delito grave tipificado en los Códigos Penales de varios países (como México y Perú) bajo la figura de Receptación o similar, castigando a quien adquiere, vende, guarda, oculta o comercializa bienes sabiendo que provienen de un delito, con penas de prisión y multas, afectando el patrimonio y la administración de justicia. Las sanciones varían según el país y la gravedad, pero implican prisión, multas y a veces inhabilitación, sancionando tanto al que vende como al que compra.

¿Sería necesario recordar que la Caja Militar Policial incurrió en delitos múltiples por los que sus directivos fueron a parar como delincuentes, varios años a la cárcel? Caja chica del gobierno de Fujimori, conexión directa con Montesinos y mal uso del dinero de los socios, fueron, entre otras, características hamponescas de que fueron tristes protagonistas.

Decenas de perjudicados clientes de la Caja Militar Policial perdieron los departamentos que compraron a dicha entidad. Esta vez, la ejecución y resolución de los contratos estuvieron a cargo de la Administradora de Comercio, firma creada y financiada por los ex réprobos.

Parece obvio que los nuevos, en nombre e intereses de los antiguos, actuaron con todas las malas artes del oficio.

Los clientes manifestaron:

“Por más de dos décadas los afectados por las acciones de la Caja de Pensiones Militar Policial vía la modalidad delictiva de resolver contratos de compra-venta de inmuebles en forma ilegal, pese a que estos habían sido pagados hasta en más del 50%, esa misma entidad (CPMP) se negaba a elevar a escritura pública los contratos firmados, es decir firmar el testimonio de compra-venta de los inmuebles e inscribirlos en Registros Públicos.”

Sobre las muy discutibles actuaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, se señaló: “es dudosa, porque los procesos contenciosos se dilatan y los recursos que presenta la Caja, se resuelven inmediatamente”.

Refiriéndose al principal responsable de la CPMP, Jorge Revilla, se informó que este personaje está en Brasil y hasta ahora no da cuenta de los mil millones de soles que extrajo de dicha entidad, acotando que el sujeto de marras, tiene sobre sí 3 pedidos de extradición, pero NO hay resultados.

¿Poderoso señor es Don Dinero, no?

La modalidad a la carta, rápida y más que instantánea, se ha apoderado de diversas instancias de la vida pública del país. Y el Poder Judicial es un escenario controvertido en que muchas farsas consagran, no la validez y potencia de la verdad, sino todo lo contrario: el malhechor sale premiado por su desempeño que está contra la ley y el estado de derecho.

Quién o quiénes se hagan de propiedades ajenas y luego las vendan u ofrezcan como medio de pago, para sus múltiples deudas ¿no incurre en receptación?

Los alegatos de la Caja Militar, repetidos por la Administradora de Comercio, insisten en que la resolución de los contratos de compra-venta fue legítima. Pero no dicen nada de la mañosa demora de inscripción de las escrituras de propiedad de los departamentos, cuando ya se había pagado un alto porcentaje por parte de los clientes.

Con los años se hizo clara que la dilación obedecía al protervo motivo de desconocer los contratos, enajenar las propiedades y venderlas u ofrecerlas (aunque no fueran suyas), como medio de pago ante la Sunat y otras entidades oficiales a las que deben cientos de miles de soles.

¿No estamos ante un tinglado desplumador que tiene a su favor a jueces, abogados, testaferros y cómplices en el aparato judicial del país y que ha traído como resultado que decenas de usuarios hayan perdido sus inversiones con esperanzas nulas ¡siquiera! de recuperar lo que pagaron?

El asunto puede resumirse de este modo: el denunciante adquiere en 1995 un departamento en Miraflores; hasta 1999 la Caja de Pensiones Militar Policial se negó a elevar a escritura pública el contrato de compra-venta, hecho que motivó que propietarios mandaran carta notarial exigiendo dicha acción; con pretextos mil nunca se satisfizo la demanda legítima de los propietarios; en el camino la Caja Militar Policial transfiere a su empresa Administradora de Comercio S.A., la propiedad, simulando una venta a su favor la cual se encuentra inscrita, constituyendo un engaño o ardid ante las autoridades que no hacen nada por el estafado.

¿O sea que los testaferros cumplen con las formalidades y heredan la cartera de la Caja Militar y actúan como si fueran los titulares legítimos, “olvidando” que su mochila viene de quienes, por sus delitos, llegaron a estar varios años en la cárcel?

El próximo Congreso tiene la oportunidad de reivindicar su alicaída imagen entre la sociedad, investigando con rigurosidad la existencia de estos mecanismos enajenadores de la propiedad y con beneficio exclusivo de quienes tienen por costumbre despojar de la titularidad de bienes a los clientes.

¿Qué opina o sabe algo la presidenta del Poder Judicial, jueza suprema Janet Tello Gilardi? ¿Es conciente que actos como los reseñados, en perjuicio de clientes que invirtieron su dinero, orientan a que la gente literalmente pierda la fe en la administración de justicia?

Continuaremos informando sobre un asunto que constituye un verdadero despojo de legítima propiedad y de una circunstancia que premia a delincuentes y castiga a clientes que lo único que hicieron fue invertir con quienes no eran honrados ni limpios.

¡Ataquemos al poder, el gobierno lo tiene cualquiera; atentos a la historia, las tribunas aplauden lo que suena bien; rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz!