Informalidad y corrupción

Jue, 11/04/2021 - 15:25 -- alerta
Horacio Gago Prialé
 
por Horacio Gago Prialé*; hgagopri@gmail.com
 
5-11-2021
 
¿Por qué las cuatro quintas partes de la sociedad civil no se encuentra representada en la Comisión de alto nivel anticorrupción?
 
La informalidad y la corrupción son los dos mayores problemas del país. Se trata de males estructurales, profundos e interrelacionados, retroalimentándose todo el tiempo. Si el sistema legal no recoge ni brinda herramientas de representación a los activos y contratos que millones de peruanos poseen y realizan todos los días, entonces esas leyes pierden eficacia, se tornan ilegítimas, alimentan la informalidad y, cómo no, también la anomia. Aun así, las centenas de organizaciones vivas que pueblan el mundo de los informales no existen como sociedad civil para la Comisión de alto nivel anticorrupción (CAN).
 
¿Cómo puede hablarse seriamente de guerra contra la corrupción si la autoridad nacional que representa al país ante la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), simplemente obvia u omite al sector informal en sus múltiples manifestaciones, masivo, determinante y extremamente dinámico?
 
El embudo de la CAN deja pasar solo a la CONFIEP de entre los sectores productivos y deja afuera a ese 80 por ciento de micros y pequeños productores, comerciantes, agricultores, pequeños mineros, pescadores, transportistas y artesanos. El resto de la Comisión de alto nivel anticorrupción está básicamente conformada por entidades del mismo Estado, exactamente como no debería ser porque, precisamente, el elefante estatal es quien cobija la corrupción.
  
Los informales y sus organizaciones no solo son la amplísima mayoría de la sociedad civil sino el sector más vulnerable frente a las arremetidas del sistema legal, draconiano, perseguidor y reglamentarista, haciendo imposible cualquier concreción de una genuina formalización. Requisitos irracionales como equiparar a los grandes mineros con los pequeños en los temas de remediación, por ejemplo, abundan en el sistema de cínica formalización que se quiso imponer desde los años de Ollanta Humala.
  
En la esfera política, un sistema legal ilegítimo es peor que un cáncer: los intermediarios políticos dejan de ser los mejores ciudadanos para convertirse en mercenarios de los grupos de poder que están detrás de los clanes (imposible denominarlos partidos) que detentan la legalidad ante la ONPE. La corrupción política nace de la informalidad política. Listas organizadas a golpe de billetera, elecciones internas fraguadas y una ONPE aparentemente detallista que impulsa la corrupción desde el reglamentarismo, son cosa común.
 
Los poderes fácticos (nadie los eligió pero tienen más poder que las instituciones públicas), usan la puerta giratoria para circular con descaro entre los estamentos del Estado y sus empresas. Sus peones hoy visten los ternos de directores generales de línea y deciden sobre miles de millones de soles públicos, y mañana se transforman en gerentes o asesores de las constructoras, mineras o universidades con fines de lucro. Los cientos de codinomes de Odebrecht revelan que en la planilla del club constructor no solo estaban los ministros o viceministros, sino también funcionarios de todo nivel de la cadena de decisión, prestos a estampar sus firmas para trasladar el dinero público a las arcas privadas de sus cárteles.
 
Resolver la informalidad conllevará la eliminación de la corrupción, siempre que el Estado, empezando por la CAN, amplíe el paradigma y se tome el trabajo de convocar a los informales. Solo con un quinto de la sociedad civil y de la economía en el sistema anticorrupción, es imposible sostener ningún resultado positivo en esta lucha.
 
Emprender un proceso formalizador integral, que cubra toda la complejidad del problema es extremamente importante y urgente. COFOPRI quedó desfasada hace mucho porque la informalidad se desbordó e invadió todos los aspectos de la economía y de la sociedad: informalidad del suelo urbano, del periurbano, del agrario; de las viviendas edificadas informales sobre suelo titulado por Cofopri, al menos 5 millones en todo el país; informalidad del pequeño comercio e industria, de los millones de peruanos que se levantan a las 3 de la mañana para dirigirse a sus centros de abasto y después a sus puntos de comercio; informalidad en la pequeña industria forestal, en la de producción de oro, en la pesca; informalidad en el empleo y también en la creatividad y conocimiento: los peruanos no patentan nunca sus inventos o sus derechos sobre su creatividad porque esa labor la tiene Indecopi, gobernada por los poderes fácticos.
 
El actual gobierno, si de verdad pretende el cambio, debe comenzar por acometer una formalización integral, técnica y metodológicamente racional, para lo cual la consideración de los informales como parte de la sociedad civil en la CAN, es un imperativo.
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*Doctor en derecho, presidente de ELIS.