Costo-beneficio de proyectos de ley

Lun, 01/16/2023 - 15:52 -- herbert
Germán Lench Cáceres
 
por Germán Lench Cáceres; germanlench@gmail.com
 
16-1-2023
 
La gran mayoría de Proyectos de Ley presentados por los congresistas que, según el artículo 75º del reglamento del Congreso con fuerza de ley, tienen la obligación de tener incluido en cada propuesta, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal.
 
Esta se estudiará para luego ser dictaminada y posteriormente aprobada, lo que permitirá cuantificar los pros (beneficios) y contras (costos), como una manera de identificar a los beneficiarios y los perjudicados con la aprobación y la aplicación de un proyecto de ley, cabe señalar que este requisito sólo puede ser dispensado por motivos estrictamente excepcionales.
 
Sin embargo, actualmente, del 100% de proyectos de ley presentados, casi el 95% no tiene el análisis costo-beneficio cuantitativo para determinar el impacto de la propuesta y si lo tiene, está deficientemente elaborado con datos estadísticos a veces desfasados y falta de supuestos técnicos actualizados y reales que los sostengan, fruto de la falta de investigación y desconocimiento del problema por resolver o de la realidad por los motivos siguientes: 1) baja calidad y falta de conocimiento vigente de las materias especializadas en muchos casos de los asesores de los despachos, 2) en algunos, falta de experiencia en la materia por estudiar del equipo asesor de comisiones, 3) En las oficinas hay un número de servidores por favor político, que no conocen las funciones  con respecto a la asesoría técnica especializada que deben brindar.
 
Si revisamos los proyectos o iniciativas legislativas presentadas, encontramos que en su mayoría en el análisis costo-beneficio dice: beneficios muchos y costos pocos, lo que refleja desconocimiento en temas por legislar evitando un profundo análisis de las consecuencias prácticas de la aprobación del proyecto y falta de respeto a la majestad del Congreso y a la población.
 
El Presupuesto del Congreso nos cuesta anualmente en promedio S/. 879 millones a los contribuyentes, una cifra nada despreciable, teniendo cada legislador derecho en su despacho, a parte de su personal administrativo, asesores técnicos, para que propongan normas técnicas consecuencia de estudios bien elaborados, fruto de un trabajo de investigación riguroso.
 
Es más, este Congreso ha convertido a las Comisiones Ordinarias que deben encargarse de estudiar y evaluar a profundidad los proyectos, en simples mesa de partes, ya que el equipo asesor de las Comisiones que debe ser experimentado y especializado técnicamente en cada materia, reciben los proyectos y los remiten a los sectores o entes involucrados para que opinen y si esto no ocurre, simplemente, en muchos casos, no se dictaminan las iniciativas y si lo hacen es políticamente o sea no solucionan nada.
 
Ejemplos hay muchos, tenemos proyectos de ley que declaran de interés nacional la ejecución de proyectos de inversión pública, que implica la construcción de determinadas obras con la finalidad de acelerar su trámite y pasar por agua caliente al Sistema Nacional de Programación Gestión de Inversiones-Invierte. Perú y el Sistema Nacional de Presupuesto que trata que el dinero del Estado se gaste eficientemente.
 
El análisis costo/beneficio (ACB) de proyectos es una metodología que propone ordenar y procesar información cuantitativa y cualitativa para determinar los beneficios y costos del proyecto, para apoyar los procesos de toma de decisiones. Esto, teniendo en cuenta que el tesoro público cuenta con escasos recursos, con los que se debe elegir un determinado número de propuestas que permitan maximizar el bienestar de la población.
 
Para incrementar la utilidad del costo-beneficio se utilizan herramientas económicas, culturales, políticas, sociales, ambientales, entre otras. Es decir, el ACB excede el mero análisis de desembolsos e ingresos de las arcas del Estado.
 
Los parlamentarios tienen la obligación de convocar técnicos con experiencia y especializados para que trabajen eficazmente, de lo contrario el prestigio del Congreso seguirá por los suelos con una desaprobación del 85% de la ciudadanía según la última encuesta IEP.