¿Poder Judicial-Ucayali alienta violación de sus contratos con proveedores?

Dom, 06/06/2021 - 15:38 -- alerta
Herbert Mujica Rojas
7-6-2021

Una forma de la corrupción que campea en el Perú es el sistemático incumplimiento de los contratos que suscriben diversas instituciones del Estado con empresas, individuales y corporativas en múltiples áreas y distintos montos.
 
¡Cuando se usan mal los recursos del Estado –que provienen del impuesto de los ciudadanos- se incurre en delito criminal y eso hay que castigarlo en todos los niveles!
 
Los funcionarios públicos, y tratándose del Poder Judicial, no pueden pecar de ingenuos o desavisados frente a desmanes que ocurren ante sus narices y, especialmente, con empresas supuestamente formales pero que no tienen consistencia alguna. Leamos.
 
El Poder Judicial de Ucayali que preside Américo Urcino Torres Lozano, hizo la Adjudicación Simplificada No. 02-2021-CS/CSJU/PJ, Adquisición de uniformes para el personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior, a la proveedora Diomira Zabarbaburu Daza por S/ 73,840.00 (caballeros); S/ 65,280.00 (damas), 28-5-2021.
 
 
Según el documento presentado ante la Sunat por Diomira Zabarbaburu, su empresa consta de 7 trabajadores. Y ha sido proveedora de la Corte Superior de los siguientes clientes: Cusco, Arequipa, Callao, Huánuco, Lima Sur; Instituto Nacional de Salud Mental, MTC, Hospital María Auxiliadora, Banco Central de Reserva del Perú, Dirección de Salud-Lurigancho, Archivo General de la Nación, Marina de Guerra, entre otros por un monto de S/ 6’940,069.60.
 
En el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se lee:
 
-No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
 
-Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento así como las disposiciones aplicables del TUO de la ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
 
-Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.
 
Pues bien, el proveedor de la tela lanilla comunica que sólo podrá poner a disposición de quien salga ganador de la buena pro de que hablamos, a partir del 10-8-2021 y así lo comunicó al Poder Judicial de Ucayali.
 
 
¡En buena cuenta, no se podrá proveer de esa vestimenta al Poder Judicial sino a partir de, por lo menos, setiembre u octubre!
 
En el Anexo No. 4, Declaración Jurada del Plazo de Entrega, doña Diomira Zabarburu Daza, afirma lo siguiente, en carta dirigida al Comité de Selección:
 
“Mediante el presente con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato en concordancia con el expediente de contratación.”
 
 
Doña Diomira, subrayó en otra carta que figura como Anexo 3 y como Declaración Jurada de Cumplimiento de las especificaciones técnicas:
 
“Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI” de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento”.
 
Si el contrato se suscribe el el 28 de mayo, las prendas debían ser entregadas a partir del 30 de julio. Pero se podrá disponer de la tela para la confección sólo a partir del 10 de agosto.
 
¿Podrá la señora Zabarbaburu cumplir con los plazos de entrega? A ojos vista eso es improbable. Entonces ¿cómo se le dio la buena pro? Como está referido líneas antes, hay penalidades por el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato. O –supuesto negado- ¿a doña Diomira Zabarburu no le molesta pagar dichos castigos dinerarios? Bien vale la pregunta ¿qué clase de negocio es el que se hace para perder y, encima, pagar por los errores?
 
 
 
¿Qué tan rentable será el negocio para doña Diomira con sus precios y eso le permitirá el cumplimiento puntual de todos los tributos de ley (impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, etc.) y en lo que se refiere a Sunafil, los pagos que representan los beneficios laborales de los 7 trabajadores formales que figuran ante Sunat? Se trata, en todo caso, que las instituciones del Estado contraten con empresas 100% formales y que funcionen en locales apropiados y no en viviendas como la que detalla la foto.
 
O, cabe la posibilidad absolutamente real que se pretenda, para cumplir la fecha de entrega,
la subcontratación de trabajadores lo que estaría violando groseramente el texto siguiente:
 
35.2 No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista.
 
35.4 El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a la Entidad. (Ley de Contrataciones del Estado).
 
Quien o quienes obren a sabiendas que no podrán cumplir con los plazos de entrega y proveer al Estado de los productos que han ofrecido, incurre en falta no sólo administrativa. ¿No lo saben los del Poder Judicial de Ucayali? Hasta donde se tiene conocimiento, ellos son los custodios de la ley en esa zona.
 
Estamos enviando el presente artículo al Poder Judicial de Ucayali y a la señora Diomira Zabarburu. Nada de lo expresado es creación nuestra, todo consta en documentos públicos y de la Sunat.
 
Seguiremos investigando e informando.