“Pasaporte de inmunidad Covid19” profundamente discriminador
Hay países que proponen la creación de "pasaportes de inmunidad" al COVID-19 es decir, una certificación a ser entregada a aquellas personas que ya experimentaron la enfermedad y supuestamente han adquirido inmunidad. De esta forma, afirman, aquellas personas podrían regresar a trabajar, circular libremente y viajar. El pasaporte no podría ser emitido a personas sanas y que no han contraído la enfermedad, ya que en cualquier momento puede producirse el contagio invalidando el propósito del pasaporte.
Son funcionarios de los gobiernos de Chile, Gran Bretaña, Francia, Alemania los que públicamente han declarado la posibilidad de emitir pasaportes de inmunidad, exigir su empleo en aeropuertos y lugares de trabajo. No es coincidencia que los gobernantes de dichos países obedezcan a ideologías liberales (neo-liberales en realidad), aplicaron tardíamente las medidas de prevención y acumulan miles de muertes en la mayoría de estos países[1], solo por pretender privilegiar la preservación de la economía.
Aunque la propuesta parezca sesuda se enfrenta a tres problemas, uno, la comunidad científica y la OMS indican que aún no existe evidencia de que se genere inmunidad (permanente o temporal) y que los curados no sean capaces de transportar el virus, aunque no tengan síntomas. El virus muestra un grado de perversión que la ciencia y la sociedad aun no termina de asimilar. Una persona infectada puede contagiar a un sinnúmero de contactos durante días, o peor, jamás darse cuenta de que alguna vez fue portador. Sin siquiera saberlo, podríamos ser los asesinos de las personas que amamos. En términos metafísicos, el virus parece un castigo de los dioses, digno de una antigua tragedia helénica.
Segundo, se podría generar un tráfico de pasaportes entre “inmunes” y “sanos” que pretendan evitar las normas de confinamiento. Tráfico de falsas pruebas en un mercado médico de certificaciones, similar al experimentado para la obtención de licencias de conducir, y detectado hace pocos meses. Las actividades delictivas de este tipo no tardarían en aparecer en el seno de una sociedad acostumbrada a los atajos y la desinteligencia.
Tercero y la más perversa de las tres, la medida produciría de facto la discriminación. Constituiría una neo-discriminación, muy similar a la clasificación racial, de género, religión, económica, generacional, etc. Esta medida condenaría al encierro y ostracismo a las personas que no se han enfermado, en su mayoría, aquellos que cumplieron con las normas de aislamiento obligatorio, distancia social, uso apropiado de protección e higiene personal. Los gobiernos que adopten esta medida estarían cometiendo la más grande injusticia de la historia contemporánea, recompensando a aquellos que se infectaron, debido a su propio descuido (en su mayoría) o mala suerte (la minoría) y que tuvieron suerte de no morir; obligando a los sanos al confinamiento, voluntario u obligatorio, injusta medida que condena a la mayoría de la sociedad que ha cumplido las normas y ha evitado el contagio, salvándose de la lotería genética del COVID 19 que podría matar indiscriminadamente y sin previo aviso.
[1] En términos relativos a la población general, Chile tiene aproximadamente al 0.08% de casos confirmados, Perú aproximadamente el 0.1 de la población general. Las cifras podrían variar según los países realicen campañas de detección.
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“Pasaporte de inmunidad Covid19” profundamente discriminador
Hay países que proponen la creación de "pasaportes de inmunidad" al COVID-19 es decir, una certificación a ser entregada a aquellas personas que ya experimentaron la enfermedad y supuestamente han adquirido inmunidad. De esta forma, afirman, aquellas personas podrían regresar a trabajar, circular libremente y viajar. El pasaporte no podría ser emitido a personas sanas y que no han contraído la enfermedad, ya que en cualquier momento puede producirse el contagio invalidando el propósito del pasaporte.
Son funcionarios de los gobiernos de Chile, Gran Bretaña, Francia, Alemania los que públicamente han declarado la posibilidad de emitir pasaportes de inmunidad, exigir su empleo en aeropuertos y lugares de trabajo. No es coincidencia que los gobernantes de dichos países obedezcan a ideologías liberales (neo-liberales en realidad), aplicaron tardíamente las medidas de prevención y acumulan miles de muertes en la mayoría de estos países[1], solo por pretender privilegiar la preservación de la economía.
Aunque la propuesta parezca sesuda se enfrenta a tres problemas, uno, la comunidad científica y la OMS indican que aún no existe evidencia de que se genere inmunidad (permanente o temporal) y que los curados no sean capaces de transportar el virus, aunque no tengan síntomas. El virus muestra un grado de perversión que la ciencia y la sociedad aun no termina de asimilar. Una persona infectada puede contagiar a un sinnúmero de contactos durante días, o peor, jamás darse cuenta de que alguna vez fue portador. Sin siquiera saberlo, podríamos ser los asesinos de las personas que amamos. En términos metafísicos, el virus parece un castigo de los dioses, digno de una antigua tragedia helénica.
Segundo, se podría generar un tráfico de pasaportes entre “inmunes” y “sanos” que pretendan evitar las normas de confinamiento. Tráfico de falsas pruebas en un mercado médico de certificaciones, similar al experimentado para la obtención de licencias de conducir, y detectado hace pocos meses. Las actividades delictivas de este tipo no tardarían en aparecer en el seno de una sociedad acostumbrada a los atajos y la desinteligencia.
Tercero y la más perversa de las tres, la medida produciría de facto la discriminación. Constituiría una neo-discriminación, muy similar a la clasificación racial, de género, religión, económica, generacional, etc. Esta medida condenaría al encierro y ostracismo a las personas que no se han enfermado, en su mayoría, aquellos que cumplieron con las normas de aislamiento obligatorio, distancia social, uso apropiado de protección e higiene personal. Los gobiernos que adopten esta medida estarían cometiendo la más grande injusticia de la historia contemporánea, recompensando a aquellos que se infectaron, debido a su propio descuido (en su mayoría) o mala suerte (la minoría) y que tuvieron suerte de no morir; obligando a los sanos al confinamiento, voluntario u obligatorio, injusta medida que condena a la mayoría de la sociedad que ha cumplido las normas y ha evitado el contagio, salvándose de la lotería genética del COVID 19 que podría matar indiscriminadamente y sin previo aviso.
[1] En términos relativos a la población general, Chile tiene aproximadamente al 0.08% de casos confirmados, Perú aproximadamente el 0.1 de la población general. Las cifras podrían variar según los países realicen campañas de detección.