Política
Megapuerto Chancay: fiscalización a medias
hcmujica@gmail.com
12 de agosto del 2026
Informe
Señal de Alerta-Herbert Mujica Rojas
13-8-2026
Megapuerto Chancay: fiscalización a medias
Defensores de Chancay, con la asesoría del Comandante MGP (r) Gregory Paredes (denunciante y testigo), fundamentaron ante el Estado la problemática geopolítica en Megapuerto Chancay, altos mandos de las Fuerzas Armadas no los merituaron.
Altos mandos rehuyeron
El escrito se remitió al Congreso y el 26-6-2023 el ex congresista -hoy diputado- Diego Bazán, presidiendo la Comisión de Defensa, con documento oficial, consideró que el incumplimiento de normas en el sector Defensa sobre Megapuerto Chancay geopolíticamente nos podría involucrar en conflictos internacionales siendo el hecho “preocupante”.
Vulnerando la seguridad nacional el general (r) Jorge Chávez Cresta, a cargo del sector Defensa, el 2023 formalizó un documento de gabinete formulado en la gestión del almirante (r) Alberto Alcalá Luna como Comandante General de la Marina.
Previamente, el caso llegó al general EP (r) José Williams, presidente del Congreso; todos rehuyeron al tema sin pronunciarse y allí quedó, y al no ser abordado, desde el año 2019, permitió dar fluidez al “negociazo portuario” a cargo de la estatal china Cosco Shipping.
Cosco fue gerenciada y relevada entre ex jefes de la Marina: almirantes (r) José Noriega, Carlos Tejada y Gonzalo Ríos, junto a empresarios de la minera Volcán y funcionarios chinos, atentando contra nuestra soberanía nacional.
Fiscalizado a medias
Con Disposición Fiscal el 22-1-2025, la fiscal Janny Sánchez, respecto a fotografías y videos (período 2014-21) , que cuestionan la no construcción del Megapuerto Chancay- hace refiriéndose al artículo 100º y 42º “supervisión e inspección de puertos”, Ley/Sistema Portuario Nacional/Autoridad Portuaria Nacional (APN) y precisa que:
…“La APN es responsable de supervisar la construcción de puertos” y “a partir de esta normativa, se desprende que la APN resulta ser responsable de supervisar la construcción del Megapuerto Chancay”.
Caída del túnel
El presidente de la APN, Manuel Hinojosa, tras la caída del túnel del Megapuerto, se presentó el 6-06-2023 ante la Comisión de Fiscalización, refiriendo: “Que la obra se inició el 2021, argumentando que la APN, como función, realiza inspecciones de avance y término de obra: el año 2021 hicieron 14; el 2022, 28 inspecciones; y el 2023, 31.
Escasa auditoría
De las múltiples obras en Megapuerto en favor a Cosco Shipping, la Contraloría General de la República, sólo auditó dos el 2025 y denunció en Procuraduría Anticorrupción a funcionarios de APN por falta de fiscalización al: “túnel que sin autorización se hizo por trazo que no corresponde” y la “implementación de geotubos en playa chancayana” retirados por inservibles que daño el medio ambiente”.
Verborrea mañosa
Fuentes parcializadas defendían a funcionarios de APN: “aducen que no es su función supervisar obra”, y “no pueden paralizar una obra privada”; pero sí efectúa “inspecciones inopinadas” de “avance de obra”.
La verborrea mañosa de los denunciados, no deslinda con norma aplicable que los ampare, ante auditoría CGR, no es concordante con lo que expuso Hinojosa ante el Congreso y no se condice con la evaluación que hace la fiscalía, en la entrega de habilitaciones portuarias sin presunta inspección.
APN salva contrato y adendas
Las resoluciones de Acuerdo de Directorio (RAD), firmadas por presidentes de la APN, fueron las autorizaciones que el Estado otorgó y que sirven de gestión, ante la firma de contratos para proyectos portuarios que, aparentemente, actuaron de salvavidas a la empresa constructora con diversas RAD en los años 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021.
CGR y APN No, Fiscalía Sí
La CGR y la APN “no” tienen como controversia legal la presunta falta de “supervisión e inspección de la obra por la APN”.
Contrariamente, la fiscalía de corrupción “sí” viene evaluando este punto en carpeta fiscal 21-2023 al, presuntamente contravenir los artículos 42º y 100º de la Ley del Sistema Portuario Nacional.
Ya que no se habría inspeccionado el “avance y término” de obra, que con RAD Nº 046-2014-APN/03-10-2014 autorizó el inicio de su construcción y tampoco inspeccionaron el “avance y término” de obra, establecido en el contrato original firmado con el Estado el 26-08-2016, ni las adendas venideras junto a dispositivos legales vulnerados (2014-21).
Las RAD que otorgaron “habilitación portuaria”, entre los años 2014-21.
Antes no habrían cumplido con inspección y/o supervisión a las obras que PROINVERSION y MTC firmaron en contrato con privados y que presuntamente no se ejecutaron en plazos, cronograma y montos de inversión de US$ 447 millones.
Trampa evidente
Se impidió por toda esta estructura burocrática que el Estado “no” fuera advertido por parte de la APN, de estos presuntos hechos, logrando “no se le aplique” a la empresa a cargo del proyecto portuario, la “cláusula de resolución del contrato y adendas” por la causal de incumplimiento de obras, plazos e inversión, tal como acordaron los firmantes.
Este importante tema deberá ser tratado exclusivamente por Perú sin ingerencia, opinión no pedida y por sus miradas geopolíticas particulares, por ninguna otra potencia mundial.
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Megapuerto Chancay: fiscalización a medias
hcmujica@gmail.com
12 de agosto del 2026
Informe
Señal de Alerta-Herbert Mujica Rojas
13-8-2026
Megapuerto Chancay: fiscalización a medias
Defensores de Chancay, con la asesoría del Comandante MGP (r) Gregory Paredes (denunciante y testigo), fundamentaron ante el Estado la problemática geopolítica en Megapuerto Chancay, altos mandos de las Fuerzas Armadas no los merituaron.
Altos mandos rehuyeron
El escrito se remitió al Congreso y el 26-6-2023 el ex congresista -hoy diputado- Diego Bazán, presidiendo la Comisión de Defensa, con documento oficial, consideró que el incumplimiento de normas en el sector Defensa sobre Megapuerto Chancay geopolíticamente nos podría involucrar en conflictos internacionales siendo el hecho “preocupante”.
Vulnerando la seguridad nacional el general (r) Jorge Chávez Cresta, a cargo del sector Defensa, el 2023 formalizó un documento de gabinete formulado en la gestión del almirante (r) Alberto Alcalá Luna como Comandante General de la Marina.
Previamente, el caso llegó al general EP (r) José Williams, presidente del Congreso; todos rehuyeron al tema sin pronunciarse y allí quedó, y al no ser abordado, desde el año 2019, permitió dar fluidez al “negociazo portuario” a cargo de la estatal china Cosco Shipping.
Cosco fue gerenciada y relevada entre ex jefes de la Marina: almirantes (r) José Noriega, Carlos Tejada y Gonzalo Ríos, junto a empresarios de la minera Volcán y funcionarios chinos, atentando contra nuestra soberanía nacional.
Fiscalizado a medias
Con Disposición Fiscal el 22-1-2025, la fiscal Janny Sánchez, respecto a fotografías y videos (período 2014-21) , que cuestionan la no construcción del Megapuerto Chancay- hace refiriéndose al artículo 100º y 42º “supervisión e inspección de puertos”, Ley/Sistema Portuario Nacional/Autoridad Portuaria Nacional (APN) y precisa que:
…“La APN es responsable de supervisar la construcción de puertos” y “a partir de esta normativa, se desprende que la APN resulta ser responsable de supervisar la construcción del Megapuerto Chancay”.
Caída del túnel
El presidente de la APN, Manuel Hinojosa, tras la caída del túnel del Megapuerto, se presentó el 6-06-2023 ante la Comisión de Fiscalización, refiriendo: “Que la obra se inició el 2021, argumentando que la APN, como función, realiza inspecciones de avance y término de obra: el año 2021 hicieron 14; el 2022, 28 inspecciones; y el 2023, 31.
Escasa auditoría
De las múltiples obras en Megapuerto en favor a Cosco Shipping, la Contraloría General de la República, sólo auditó dos el 2025 y denunció en Procuraduría Anticorrupción a funcionarios de APN por falta de fiscalización al: “túnel que sin autorización se hizo por trazo que no corresponde” y la “implementación de geotubos en playa chancayana” retirados por inservibles que daño el medio ambiente”.
Verborrea mañosa
Fuentes parcializadas defendían a funcionarios de APN: “aducen que no es su función supervisar obra”, y “no pueden paralizar una obra privada”; pero sí efectúa “inspecciones inopinadas” de “avance de obra”.
La verborrea mañosa de los denunciados, no deslinda con norma aplicable que los ampare, ante auditoría CGR, no es concordante con lo que expuso Hinojosa ante el Congreso y no se condice con la evaluación que hace la fiscalía, en la entrega de habilitaciones portuarias sin presunta inspección.
APN salva contrato y adendas
Las resoluciones de Acuerdo de Directorio (RAD), firmadas por presidentes de la APN, fueron las autorizaciones que el Estado otorgó y que sirven de gestión, ante la firma de contratos para proyectos portuarios que, aparentemente, actuaron de salvavidas a la empresa constructora con diversas RAD en los años 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021.
CGR y APN No, Fiscalía Sí
La CGR y la APN “no” tienen como controversia legal la presunta falta de “supervisión e inspección de la obra por la APN”.
Contrariamente, la fiscalía de corrupción “sí” viene evaluando este punto en carpeta fiscal 21-2023 al, presuntamente contravenir los artículos 42º y 100º de la Ley del Sistema Portuario Nacional.
Ya que no se habría inspeccionado el “avance y término” de obra, que con RAD Nº 046-2014-APN/03-10-2014 autorizó el inicio de su construcción y tampoco inspeccionaron el “avance y término” de obra, establecido en el contrato original firmado con el Estado el 26-08-2016, ni las adendas venideras junto a dispositivos legales vulnerados (2014-21).
Las RAD que otorgaron “habilitación portuaria”, entre los años 2014-21.
Antes no habrían cumplido con inspección y/o supervisión a las obras que PROINVERSION y MTC firmaron en contrato con privados y que presuntamente no se ejecutaron en plazos, cronograma y montos de inversión de US$ 447 millones.
Trampa evidente
Se impidió por toda esta estructura burocrática que el Estado “no” fuera advertido por parte de la APN, de estos presuntos hechos, logrando “no se le aplique” a la empresa a cargo del proyecto portuario, la “cláusula de resolución del contrato y adendas” por la causal de incumplimiento de obras, plazos e inversión, tal como acordaron los firmantes.
Este importante tema deberá ser tratado exclusivamente por Perú sin ingerencia, opinión no pedida y por sus miradas geopolíticas particulares, por ninguna otra potencia mundial.