Cuando llegaron los españoles lo primero que hicieron fue sacar las momias de los incas y sus familias, los quipus y registros guardados en ellos, y quemarlos. Esta costumbre quedó inscrita en la memoria del Estado virreinal que gobierna al Perú.

Es muy utilizada la frase de los que meten la pata, ya igual, que más da, eso fue ayer, ve para adelante, y recordarle al memorioso que eso de mirar atrás está muy mal sobre todo cuando lo que se observa no conviene para la circunstancia actual, hasta es mal visto en la Lima de los virreyes y curacas.

Ese registro ha hecho del Estado peruano el mayor ocultador, y en consecuencia, el mayor borrador de sus propias calamidades.

En noviembre 2020 escribí una queja a la Municipalidad de mi distrito, nunca fue respondida. Es decir con el tiempo no queda registro de algo, la infracción queda como algo acostumbrado.

Cuando vamos a una oficina pública y no nos atienden, no hay registro de esa omisión, cuando planteamos una queja, no queda registrado. ¿Dónde fue, por qué fuimos, qué esperábamos?, ni nada. No nos atendieron y no pasó nada. Es como plantear una queja en Telefónica, quizás quede un ticket. Pero ellos sí registran y amplían su base de datos para después llamarnos por teléfono.

Fill the form. Es una de las frases más dichas en los Estados Unidos, ¿quiere llevar a cabo algún trámite?, registre su pedido, diga quién es y llévese copia con un sello enorme de recibido que le da el Estado.

Es una manera de hacer cumplir el trabajo por el que todos le pagan el funcionario a cargo mientras más quejas más reacción del estado. No hay forma de evadir no haber hecho el trabajo presencial y formal de atender al público, de manera presencial o remota.

Acá NO hay manera de decir yo fui y no me atendieron, esperamos y nos trataron mal, que es lo que pasa todo el tiempo y poder volver en un lapso a ver qué pasó con nuestra demanda.
En el Perú no hay forma de dejar constancia que cuando fuimos a la posta no había una medicina, que no estaba el guardia, que no había sistema tres veces seguidas en la misma municipalidad, que nos cortaron la luz cuando no había corte programado o simplemente que fuimos o presentamos una solicitud expediente o queja.

De esta forma la sociedad carece de luces para saber qué está sucediendo en su relación con el ciudadano, en su calidad de proveedora de servicios, para los que tiene una planilla enorme que pagan los mismos ciudadanos es decir: cada vez más funcionarios y más oficinas inútiles. Esto va desde el gobierno central hasta las municipalidades distritales.

La ruta del análisis y resultado de los servicios esenciales se pierde, dejando muy pocos rastros. Pero, además, no existe la posibilidad para los ciudadanos, de analizar los ejercicios de gestión, pues como se ve a cada rato, se dispone de los dineros públicos y un par de años más tarde, así como de casualidad, se descubre que no se hizo nada pero que el dinero se esfumó.

En la actualidad, la realidad es que la gestión mínima y máxima del Estado, no otorga transparencia, ni tiene un protocolo de trazabilidad mínimo. No se sabe dónde se originan los gastos y si están justificados y no hay forma de solicitar información sobre el mismo. Para pedir una constancia se requiere al ciudadano poder, documentos y hasta un abogado. Para preguntar por qué rompen las pistas o el balance del ejercicio municipal, solo los regidores están permitidos de saberlo y tienen la obligación de guardar secretos.

El caso mayor es el de los gobiernos regionales. No se considera como debería ser, un requisito indispensable de gestión la transparencia, ni se cuenta con un protocolo de seguimiento que permita la trazabilidad del gasto y de la administración.

En este rumbo solo nos queda ver un Estado cada vez más grande y gastador pero no eficiente.