Canciller Rodríguez ¿recibió a embajador Quesada?

Aquí en Diario Uno expusimos en 8 páginas, durante igual número de semanas, la barbaridad del complot que guillotinó la cabeza, el 2018, al embajador Fortunato Quesada quien se desempeñaba como jefe de la Misión peruana en Tel Aviv, Israel. Nuestras aserciones apuntaron a un complot, ordenado desde las más altas instancias hacia los operadores.

Cancillería nunca dio respuesta, aclaración o denegatoria de todo lo dicho con base inequívoca en la verdad. El refrán musita: quien calla, otorga. Ese silencio hace daño a Relaciones Exteriores. La mudez cuando la prensa inquiere con pruebas sólidas, merece, en cualquier Estado democrático, una respuesta. ¡Hasta por cortesía!

Tomé conocimiento que el embajador Fortunato Quesada le ha pedido cita para tomar contacto y, evidentemente, ventilar un asunto que le tuvo como infortunado protagonista y pararrayos de una grotesca componenda, urdida desde el número 1 de esa época, 2 alfiles de vieja y conocida estampa en Cancillería y unos operarios de menor monta, uno de los cuales, acaba de fallecer, pocas horas atrás.

Cancillería es parte del aparato administrativo del Estado, sus integrantes reciben sueldo recaudado de los impuestos que pagan los peruanos. La naturaleza de su accionar no les otorga ningún privilegio, excepción o discrecionalidad para actuar contra la ley o abusar de aquella.

Por tanto una reunión para que el embajador Quesada exponga sus puntos de vista, constituye una ocasión inmejorable de hacer las cosas bien. Si otros, los precedentes no llegaron a hacerlo, es un tema distinto o ajeno.

Apelé a esa formación cuando escribí sobre este caso y estaba como canciller el abogado César Landa quien debió recordar, parece que lo olvidó, que las escuchas ilegales o clandestinas no producen legitimidad ni en la acusación y menos en las puniciones. Dura lex, sed lex. Ser periodistas no nos impide conocer líneas elementales del proceder jurídico.

Creo oportuno señalar que la gestión del canciller Rodríguez no debiera desperdiciar esta oportunidad de poner orden en el caso y de actuar con fundamento de justicia. No hacerlo podría representar una mácula muy difícil de olvidar por la opinión pública.