Política
Contraloría: funcionarios criminalizan denuncias
hcmujica@gmail.com
24 de mayo del 2026
Informe
Señal de Alerta-Herbert Mujica Rojas
25-5-2026
Contraloría: funcionarios criminalizan denuncias
La reciente apelación presentada en el Expediente N.° 01742-2026-0-1826-JR-PE-14 ante la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima vuelve a poner en evidencia una práctica cada vez más preocupante: el uso del sistema penal para intimidar denuncias, acallar críticas y perseguir a quienes exponen hechos de interés público relacionados con la Contraloría General de la República.
Los querellados son Viviana Mondragón, secretaria general del Sindicato de Contraloría y el periodista que esto escribe, con apego a la verdad y documentación que sustentan la solidez del informe.
Los querellantes, funcionarios de la Contraloría, Mariano Mucha Paitán y José Lavado Ciudad, han optado por impulsar una ofensiva judicial que pretende convertir publicaciones y opiniones sobre presuntas irregularidades, inconductas y manejos internos cuestionables en un supuesto delito de difamación agravada.
El tiro salió por la culata, la apelación se debe a que la sala responsable emitió su parecer, desestimando la pretendida difamación agravada. Lejos de responder a los hechos materia de debate público, han preferido, ambos señores, refugiarse en el dramatismo judicial y la victimización política.
¡Vergonzoso!
Más allá del expediente, el caso retrata un episodio profundamente vergonzoso para la institucionalidad pública. El mensaje que transmiten determinados funcionarios parece ser simple: quien denuncie, critique o investigue posibles irregularidades terminará sometido a procesos penales.
La vieja y mañosa estratagema de fulminar a los portavoces, se estrelló, en esta oportunidad, en la probidad de magistrados que simplemente no dieron curso al disparate.
Resulta especialmente grave que esta estrategia de persecución, ocurra en medio de un clima interno cada vez más adverso dentro de la Contraloría, donde diversos servidores vienen denunciando presiones, hostilidad y represalias contra quienes discrepan, cuestionan decisiones o exponen presuntas inconductas funcionales.
Sólo en países muy en la niebla, el miedo, el silenciamiento y la intimidación pueden convertirse en métodos de administración institucional y látigo público contra quienes rompen el pacto infame y tácito de hablar a media voz.
Amenaza descarada
La agresión no está dirigida únicamente contra las personas comprendidas en el proceso judicial. También constituye una amenaza indirecta contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que no dudan en revelar irregularidades, conflictos de interés o pillerías de malos funcionarios enquistados en entidades públicas.
Pretender, alentar que el Código Penal funcione como mecanismo de blindaje reputacional representa un grave retroceso democrático.
Clamorosa inexistencia
No deja de llamar la atención el enorme esfuerzo desplegado por los apelantes para perseguir publicaciones incómodas, mientras las explicaciones sobre los hechos cuestionados siguen brillando por su clamorosa inexistencia. Mucho recurso, mucha indignación y muy pocas respuestas.
Reformas urgentes
La Contraloría General de la República necesita reformas profundas y urgentes. El próximo gobierno deberá recuperar la credibilidad institucional fortaleciendo mecanismos de control interno, protegiendo denunciantes, garantizando transparencia en las decisiones y erradicando prácticas de favoritismo, persecución y utilización política del aparato administrativo.
Barricada temeraria
Una institución encargada de vigilar el correcto uso de los recursos públicos, la Contraloría General de la República, no puede terminar convertida en espacio de amedrentamiento contra quienes ejercen su derecho constitucional a denunciar e informar.
En cualquier caso, la Contraloría, no debe fungir como barricada temeraria desde la cual soltar a los perros rabiosos contra los ciudadanos que denuncian, con la verdad y sin temor y carentes de cualquier ofensa, las trapacerías en que incurren malos burócratas del Estado.
La ciudadanía ya sabe distinguir entre una legítima defensa del honor y un monstruoso intento de silenciar críticas incómodas.
Silencios reprobables
¡Qué cierto aquello que en Perú llueve para arriba!
¿Y qué nos dicen los “analistas, internacionalistas y demás istas”? Miran al costado, se hacen los bobos y se santiguan porque no les pregunten cuestiones comprometedoras. No vaya a ser que choquen con algún tagarote que demore el cheque de sus consultorías o mentiras pseudo intelectuales.
En la Contraloría General de la República, hay gatos que están de despensero con poderes amplios, discrecionales y con voluntad y libertad para hacer lo que les venga en gana.
¡Tomar a lo serio cosas del Perú, esto no es república, sino mojiganga! decía Manuel González Prada.
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hcmujica@gmail.com
24 de mayo del 2026
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Señal de Alerta-Herbert Mujica Rojas
25-5-2026
Contraloría: funcionarios criminalizan denuncias
La reciente apelación presentada en el Expediente N.° 01742-2026-0-1826-JR-PE-14 ante la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima vuelve a poner en evidencia una práctica cada vez más preocupante: el uso del sistema penal para intimidar denuncias, acallar críticas y perseguir a quienes exponen hechos de interés público relacionados con la Contraloría General de la República.
Los querellados son Viviana Mondragón, secretaria general del Sindicato de Contraloría y el periodista que esto escribe, con apego a la verdad y documentación que sustentan la solidez del informe.
Los querellantes, funcionarios de la Contraloría, Mariano Mucha Paitán y José Lavado Ciudad, han optado por impulsar una ofensiva judicial que pretende convertir publicaciones y opiniones sobre presuntas irregularidades, inconductas y manejos internos cuestionables en un supuesto delito de difamación agravada.
El tiro salió por la culata, la apelación se debe a que la sala responsable emitió su parecer, desestimando la pretendida difamación agravada. Lejos de responder a los hechos materia de debate público, han preferido, ambos señores, refugiarse en el dramatismo judicial y la victimización política.
¡Vergonzoso!
Más allá del expediente, el caso retrata un episodio profundamente vergonzoso para la institucionalidad pública. El mensaje que transmiten determinados funcionarios parece ser simple: quien denuncie, critique o investigue posibles irregularidades terminará sometido a procesos penales.
La vieja y mañosa estratagema de fulminar a los portavoces, se estrelló, en esta oportunidad, en la probidad de magistrados que simplemente no dieron curso al disparate.
Resulta especialmente grave que esta estrategia de persecución, ocurra en medio de un clima interno cada vez más adverso dentro de la Contraloría, donde diversos servidores vienen denunciando presiones, hostilidad y represalias contra quienes discrepan, cuestionan decisiones o exponen presuntas inconductas funcionales.
Sólo en países muy en la niebla, el miedo, el silenciamiento y la intimidación pueden convertirse en métodos de administración institucional y látigo público contra quienes rompen el pacto infame y tácito de hablar a media voz.
Amenaza descarada
La agresión no está dirigida únicamente contra las personas comprendidas en el proceso judicial. También constituye una amenaza indirecta contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que no dudan en revelar irregularidades, conflictos de interés o pillerías de malos funcionarios enquistados en entidades públicas.
Pretender, alentar que el Código Penal funcione como mecanismo de blindaje reputacional representa un grave retroceso democrático.
Clamorosa inexistencia
No deja de llamar la atención el enorme esfuerzo desplegado por los apelantes para perseguir publicaciones incómodas, mientras las explicaciones sobre los hechos cuestionados siguen brillando por su clamorosa inexistencia. Mucho recurso, mucha indignación y muy pocas respuestas.
Reformas urgentes
La Contraloría General de la República necesita reformas profundas y urgentes. El próximo gobierno deberá recuperar la credibilidad institucional fortaleciendo mecanismos de control interno, protegiendo denunciantes, garantizando transparencia en las decisiones y erradicando prácticas de favoritismo, persecución y utilización política del aparato administrativo.
Barricada temeraria
Una institución encargada de vigilar el correcto uso de los recursos públicos, la Contraloría General de la República, no puede terminar convertida en espacio de amedrentamiento contra quienes ejercen su derecho constitucional a denunciar e informar.
En cualquier caso, la Contraloría, no debe fungir como barricada temeraria desde la cual soltar a los perros rabiosos contra los ciudadanos que denuncian, con la verdad y sin temor y carentes de cualquier ofensa, las trapacerías en que incurren malos burócratas del Estado.
La ciudadanía ya sabe distinguir entre una legítima defensa del honor y un monstruoso intento de silenciar críticas incómodas.
Silencios reprobables
¡Qué cierto aquello que en Perú llueve para arriba!
¿Y qué nos dicen los “analistas, internacionalistas y demás istas”? Miran al costado, se hacen los bobos y se santiguan porque no les pregunten cuestiones comprometedoras. No vaya a ser que choquen con algún tagarote que demore el cheque de sus consultorías o mentiras pseudo intelectuales.
En la Contraloría General de la República, hay gatos que están de despensero con poderes amplios, discrecionales y con voluntad y libertad para hacer lo que les venga en gana.
¡Tomar a lo serio cosas del Perú, esto no es república, sino mojiganga! decía Manuel González Prada.