Recusación contra juez de Huancayo por ser parte contraria

Mar, 07/02/2019 - 07:30 -- alerta
Guillermo Olivera Díaz
            
 
por Guillermo Olivera Díaz; godgod_1@hotmail.com
 
2-7-2019
 
Exp. N° 01179-2019
      2° juzgado penal unipersonal
      Sede Central, HUANCAYO
      Juez  Dr. XXX
      Escrito N° 03
       
        Presenta Recusación
 
SEÑOR  JUEZ  DEL
SEGUNDO  JUZGADO  UNIPERSONAL  de  HUANCAYO:
 
GUILLERMO  OLIVERA  DÍAZ, DNI 08232441, señalando domicilio real en la Avenida San Borja Sur N° 333-700, San Borja, Lima, y con Casilla Electrónica  11142, en el proceso de querella, por imaginario delito de ejercicio privado de la acción penal, como es el de difamación, interpuesto por xxx, actualmente investigado, y en el entonces también, por el grave delito de Usurpación Agravadahecho punible de acción pública, a su Despacho digo:
 
Que por las razones que fluyen de mi Declinatoria de Competencia, Queja de Hecho por faltas muy graves y de mi Denuncia Penal por delito de prevaricato, que como parte de esta RECUSACIÓN reproduzco, formulo recusación contra su Despacho por ser el clásico judex suspectus que no debe ver el trámite de la declinatoria de competencia presentada. Se ha erigido en mi parte contraria.
 
1.- Texto de la Declinatoria de competencia
 
Que, en estricta aplicación de los Artículos 21° y 34° del Código Procesal Penal, formulo Declinatoria de Competencia. Declino la competencia por el territorio que su Despacho ha asumido ilegalmente, y a sabiendas, pese a que el “Fundamento Primero” de la querella y el “mérito del CD gravado” (sic)  (“Punto 2, Medios Probatorios y Anexo 1.-C”) acompañado como recaudo por el propio querellante,  demuestran palmariamente que el el lugar donde se cometió el hecho”, supuestamente delictuoso, es la ciudad de Limay no Huancayo. Curiosamente,  si la transmisión televisiva o radial se ve o escucha en Tokio o Londres, la competencia del juzgado no corresponde al juez de Japón o de Inglaterra, sino al del lugar donde se comete el hecho. Tal es nuestra inexorable ley procesal.
 
La conducta desplegada por el supuesto infractor prima o prevalece y no el interés, que puede ser  nefando o vitando,  del juez o del querellante, o de ambos. Siendo así el juez competente para conocer el presente proceso es uno de Lima, que el querellante optará y no De Oficio su juzgado. La competencia territorial no está a discreción del querellante ni del juez. La norma legal procesal la establece o determina, con claridad meridiana,  esta normal, legal y justa competencia, para evitar mezquindades o acomodos.
Los fundamentos de esta declinatoria de competencia son los que siguen.
 
A.-Lugar de los hechos determina competencia de juez.- El citado Artículo 21°, que es un imperativo para todo juez penal,  reza:
“Competencia territorial.
La competencia por razón del territorio se establece en el siguiente orden:
1.- Por el lugar donde se cometió el hecho delictuoso o se realizó el último acto en caso de tentativa, o cesó la continuidad o la permanencia del delito.
2.- Por el lugar donde se produjeron los efectos del delito.
3.- Por el lugar donde se descubrieron las pruebas materiales del delito.
4.- Por el lugar donde fue detenido el imputado.
5.- Por el lugar donde domicilia el imputado”. (El subrayado es mío).
 
Se trata de un orden legal, cuya prelación define la competencia de un juez cualquiera, para que un juez de Cusco, por ejemplo, no invada la competencia de uno de Lima y viceversa. Los fiscales también están sujetos a este orden imperativo y para nada  discrecional. No existen competencias antojadizas.
 
En el escrito de querella, en sus medios probatorios y en sus anexos fluye el lugar de su comisión, los mismos que el juzgado ha soslayado para asumir competencia. Leamos:
 
“PRIMERO.- ...por medio de comunicación social de la Radio Televisión la “EXITOSA” el 7 de Enero del 2018 a horas 10.00 a.m. procedieron a declarar difundiendo a nivel nacional, regional y local, atribuyéndome falsamente de ser un “USURPADOR”, “TRAFICANTE DE TIERRAS” y “SECUESTRADOR”.
 
En el Punto “MEDIOS PROBATORIOS” del mismo escrito de querella se lee:
“2.- En mérito al CD gravado  de la difamación realizada el 7 de Enero del 2018”.
 
En el acápite de “ANEXOS” se consigna de la misma manera el CD acompañado, de una transmisión radial y televisiva que tuvo lugar en Lima, la indicada fecha y hora. Dice allí:
“1.-C.- En CD gravado de la difamación  realizada el 7 de Enero del 2018”.
 
En consecuencia, en los 3 referidos parajes de esta malhadada querella aparece que el lugar de los hechos fue la ciudad de Lima, aquel 7 de enero del 2019, 10 AM, en las instalaciones de Radio TV Exitosa situadas en esta capital. No aparece, sin embargo, en la Resolución N° Dos, de veintinueve de mayo del dos mil diecinueve, llamada “AUTO ADMISORIO DE QUERELLA”,  que su Despacho haya visualizado el acompañado CD para darse cuenta que esas instalaciones de Radio TV Exitosa solo existen en Lima y no en la filial de Huancayo. Menos que haya analizado y evaluado las transcripciones adjuntas.
Ergo, a ojos cerrados el juez que declinamos asumió competencia, contra el tenor literal y expreso del Artículo 21° acotado, sin ocuparse de establecer en forma previa dónde fue que ocurrieron los hechos. Esto solo ya muestra mala fe procesal del querellante y dolo del delito de prevaricato del señor juez, que será motivo de denuncia penal aparte. 
 
B.- Juez se amparó en ley derogada.- Además, el señor ¡juez ha dictado el auto admisorio basándose en una norma derogada!, como es el Artículo 462° del Código Procesal Penal, derogado por el Decreto Legislativo N° 1206, del 22 de setiembre del 2015, que establece que para abrir un proceso penal cualquiera debe existir la diligencia de “presentación de cargos”.
 
No se puede abrir  un proceso penal, ordinario o especial, a nadie sin que se le haya citado debidamente para la presentación de cargos, luego de ser oído y por fin vencido. Señala la parte pertinente del Decreto Legislativo 1206 de 22-09-2015:
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS
PRIMERA.- Derogación de artículos del Código de Procedimientos Penales de 1940: Deróganse los artículos 197, 198, 199, 203 del Código de Procedimientos Penales de 1940.
SEGUNDA.- Derogación de artículo del Decreto Legislativo N° 124 que regula el Proceso Penal Sumario: Derógase el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 124, que regula el Proceso Penal Sumario.
TERCERA.- Derogación de las normas que se opongan al presente Decreto Legislativo. Deróganse las normas que se opongan al presente Decreto Legislativo”.
“POR TANTO: Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de setiembre del año dos mil quince”.       
 
Las normas del Código Procesal Penal, en este caso del proceso de querella, han quedado derogadas en cuanto se oponen a la innovación que trae el Decreto Legislativo N° 1206, de 22 de setiembre del 2015, como es la diligencia de “presentación de cargos” para abrir un proceso penal a cualquier denunciado. De ello se ocupa extensamente el Artículo 77° del Código de Procedimientos Penales.
 
El juez que asumió competencia ilegalmente, sin examinar el aspecto relativo al lugar de comisión del hecho, fue de frente o directamente a abrir el proceso de querella sin realizar la ineludible audiencia de “presentación de cargos”, pero aún sin analizar los recaudos acompañados por el querellante sobre tal lugar del hecho, a pesar que los querellados tienen domicilio real en Lima, a donde se cursa la notificación. No viven en Huancayo.
No visualizó el señor juez el CD que adjuntó el querellante,  que podría estar editado, no leyó, analizó ni valoró su transcripción que puede también ser amañada, es decir, no evaluó nada respecto al lugar de comisión del hecho, pese a lo cual asumió competencia territorial sin saber si era o no competente. Abrió proceso cerrando los ojos, sin identificar el necesario lugar donde acaecen los hechos o la conducta del supuesto infractor. Violó la ley penal expresa en partida doble. Nuestra denuncia penal está por presentarse. 
 
C.- Declinatoria de competencia y prevaricato del juez XXX .- Por los elementos que fluyen del escrito de querella y del quehacer judicial que figura en la resolución que dicta el ilegal auto admisorio, se advierte que se ha incurrido en el delito de prevaricato previsto en el numeral 418° del Código Penal, hasta en partida triple.
 
El señor juez no examina en modo alguno el aspecto de su posible competencia, o no, en relación al lugar de comisión del hecho, que aparece dicho: (a) en el texto del escrito de querella, (b) en sus medios probatorios ofrecidos (¡cuyos elementos de convicción no fueron vistos, leídos, analizados ni evaluados por el señor juez!), y (c) en sus seriados anexos.
 
Es decir, abre un proceso penal en Huancayo, donde no se produjeron los hechos imputados como dizque difamación, que acaecieron ciertamente, sin que fuesen delito alguno, en Lima, el 07-01-201910 AM, y pese a que los dos querellados domicilian también en Lima. Ambos aspectos refiere el escrito de querella en forma EXPRESA.
 
Por ende, es  fácil darse cuenta que el magistrado no solo asume una competencia por razón de territorio indebida, sino que a su vez viola el claro texto del Artículo 21° del Código Procesal Penal antes transcrito (que instituye como juez natural, competente, al del lugar de la comisión del hecho y no a otro), así como el mismo juez aplica una norma derogada, que cita, como es el Artículo 461°, del Código Procesal Penal, derogado, porque se le opone a lo que establece la Tercera Disposición Complementaria Derogatoria del  Decreto Legislativo 1206, de 22-09-2015. Todo lo opuesta a ésta, está derogado.
 
Toda norma legal que se oponga a lo que dispone esa Disposición Complementaria, que se autodenomina derogatoria, ya no está vigente. Ahora, ningún proceso penal –ordinario, sumario o de querella- será abierto por juez alguno sin citar y escuchar al denunciado o querellado, en la audiencia que hoy se llama de “presentación de cargos”.
 
El citado juez en cuestión por incompetente territorial no me hizo conocer los cargos, no me convocó para ese fin y sin oírme me abrió el proceso de querella, sin siquiera examinar por sí mismo los elementos de convicción que, a su regalada gana, ha adjuntado el querellante. Desoyó, pues, una norma garantista, por sumirse en lo inquisitivo de antes, cuyo último rezago en la querella ha sido abrogado.
 
Si solo hubiere visualizado el CD acompañado, de Radio TV EXITOSA, habría notado las instalaciones y el periodista que llevó a cabo la entrevista, de nombre José Rocha, que no pertenecen en modo alguno a la filial de esa empresa que tiene en Huancayo. El indicado famoso periodista Rocha trabaja en Lima y entrevista solo en esta capital del país; no es itinerante. En cuya virtud, el fórum comissi delicti fluía diáfano, es preferente, y el que el magistrado XXX aplicó es subsidiario, como lo son todos los otros que precisa el Artículo 21°, diferentes al del “lugar donde se cometió el hecho”, del inciso 1.
 
Asimismo, aparece nítida la violación del Artículo 139°, inciso 3 de la Constitución Política, que prohíbe a todo juez violar el derecho de un justiciable: “ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley”.
 
Si el cuestionado juez tuvo ante sí el lugar de comisión del hecho: Lima, los elementos de convicción que le demuestran tal lugar: Lima y, además, le consta que las dos personas querelladas domicilian en Lima, nada le autorizaba prorrogar de oficio, a Huancayo, la competencia territorial que la ley establece, en primer orden. ¿Por qué lo hizo? Él tendrá que explicarlo ante los órganos de control frente a mi denuncia penal y queja de hecho.
 
2.- Texto de la Queja de Hecho ya presentada
 
Que, en estricta aplicación de los Artículos 34° y 48° de la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial, formulo Queja de Hecho contra el magistrado de primera instancia, XXX, por la ostensible comisión de Faltas muy Graves, que deben sancionarse con su DESTITUCIÓN, por impartir justicia en violación clara y maciza del respeto al debido preciso al que está obligado el quejado.
Las faltas muy graves que ha cometido en mi agravio, están previstas en el Artículo 48° de la Ley de Carrera Judicial, incisos 3, 5, 12 y 13:
 
-“actuar en proceso a sabiendas de estar impedido de hacerlo”;
-“ocultar alguna prohibición que le sea imputable para el  ejercicio de la función”;
-“incurrir en acto (que a su vez siendo delito, por lo que también lo he denunciado penalmente), vulnere gravemente los deberes del cargo previstos en la ley”; y
-“no motivar las resoluciones judiciales” (en este caso en relación al lugar del hecho y su competencia).
 
Mis fundamentos de hecho y de derecho son los que siguen:
1.- El juez quejado el día 29-05-2019, ha dictado en mi contra el “Auto Admisorio de Querella”, que acompaño, por el cual me abre proceso penal, en Huancayo, por presunto delito de difamación acaecido en Lima, asumiendo ilegal competencia territorial, en violación de lo que dispone el Artículo 21°, inciso 1, del Código Procesal Penal, relativo al consagrado fórum comissi delicti: el lugar del hecho determina la competencia.
Siendo un juez de Huancayo asume ilegal competencia por un hecho producido en Lima, el 7-01-2019, 10.00 AM, tal como consta en el escrito de querella, así como en el Punto 2 de Medios Probatorios y en el Punto 1C de los Anexos de la misma.
 
2.- Con tal proceder viola  su deber de impartir justicia con respeto del debido proceso, en clara transgresión del Artículo 139°, inciso 3 de la Constitución Política, que prohíbe a todo juez vulnerar el derecho de un justiciable: “ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley”. 
 
A dos personas, que supuestamente delinquen en Lima y que domicilian también en Lima, los quiere juzgar en Huancayo, condenar a 350,000 soles de reparación civil que pide el querellante XXXpara repartirse con algunos más, porque en esta ciudad vive este señor y quizá vio o escuchó en Huancayo la entrevista radial-televisiva que transmitió EXITOSA desde Lima, a cargo del periodista José Rocha, que trabaja en Lima y no en Huancayo. Si habría escuchado o visto las imágenes en Tokio o Londres, entonces nos querellaría en Japón o en Inglaterra y el juez inglés o japonés nos llevaría esposados a tan lejanos lugares. Es decir, el proceso penal de querella al servicio e interés del querellante y del juez que en silencio asume competencia ilegal.
 
3.- Con la misma Resolución N° Dos, de 29-05-2019, que el quejado llamada Auto Admisorio de Querella, aplica el Artículo 462° del Código Procesal Penal que ha sido abrogado por el Decreto Legislativo N° 1206, de 22-09-2015, que ha derogado a toda aquella norma legal que se le opone. En efecto, el citado Decreto Legislativo para abrir cualquier proceso penal –ordinario, sumario o de querella- obliga a la realización de la diligencia de “presentación de cargos”, en audiencia pública, con todos los sujetos procesales, hecho que el juez quejado ha incumplido, vulnerando la normal legal que lo obliga, con lo cual perjudica a los justiciables, como el recurrente.
 
4.- Por esta misma ilegalidad del juez quejado he declinado su competencia, por razón de territorio, por cuya razón transcribo el texto de tal declinatoria, pidiendo que sus fundamentos sean vistos también como parte constitutiva de la presente queja.
Hago notar que la citada Resolución del quejado carece de motivación alguna, para asumir competencia territorio que no le corresponde. Asume competencia a ciegas, sin pizca de motivación alguna, lo cual es una falta muy grave específica, sin dejar de ser delito de prevaricato porque viola el texto legal sin motivar por qué produce tal violación. He aquí lo que transcribo y que forma parte de la presenta Queja de Hecho.
 
Que, en estricta aplicación de los Artículos 21° y 34° del Código Procesal Penal, formulo Declinatoria de Competencia. Declino la competencia por el territorio que su Despacho ha asumido ilegalmente, y a sabiendas, pese a que el “Fundamento Primero” de la querella y el “mérito del CD gravado” (sic)  (“Punto 2, Medios Probatorios y Anexo 1.-C”) acompañado como recaudo por el propio querellante,  demuestran palmariamente que el el lugar donde se cometió el hecho”, supuestamente delictuoso, es la ciudad de Limay no Huancayo. Curiosamente,  si la transmisión televisiva o radial se ve o escucha en Tokio o Londres, la competencia del juzgado no corresponde al juez de Japón o de Inglaterra, sino al del lugar donde se comete el hecho. Tal es nuestra inexorable ley procesal.
 
La conducta desplegada por el supuesto infractor prima o prevalece y no el interés, que puede ser  nefando o vitando,  del juez o del querellante, o de ambos. Siendo así el juez competente para conocer el presente proceso es uno de Lima, que el querellante optará y no De Oficio su juzgado. La competencia territorial no está a discreción del querellante ni del juez. La norma legal procesal la establece o determina, con claridad meridiana,  esta normal, legal y justa competencia, para evitar mezquindades o acomodos.
 
Los fundamentos de esta declinatoria de competencia son los que siguen.
 
A.-Lugar de los hechos determina competencia de juez.- El citado Artículo 21°, que es un imperativo para todo juez penal,  reza:
“Competencia territorial.
La competencia por razón del territorio se establece en el siguiente orden:
1.- Por el lugar donde se cometió el hecho delictuoso o se realizó el último acto en caso de tentativa, o cesó la continuidad o la permanencia del delito.
2.- Por el lugar donde se produjeron los efectos del delito.
3.- Por el lugar donde se descubrieron las pruebas materiales del delito.
4.- Por el lugar donde fue detenido el imputado.
5.- Por el lugar donde domicilia el imputado”. (El subrayado es mío).
 
Se trata de un orden legal, cuya prelación define la competencia de un juez cualquiera, para que un juez de Cusco, por ejemplo, no invada la competencia de uno de Lima y viceversa. Los fiscales también están sujetos a este orden imperativo y para nada  discrecional. No existen competencias antojadizas.
 
En el escrito de querella, en sus medios probatorios y en sus anexos fluye el lugar de su comisión, los mismos que el juzgado ha soslayado para asumir competencia. Leamos:
 
“PRIMERO.- ...por medio de comunicación social de la Radio Televisión la “EXITOSA” el 7 de Enero del 2018 a horas 10.00 a.m. procedieron a declarar difundiendo a nivel nacional, regional y local, atribuyéndome falsamente de ser un “USURPADOR”, “TRAFICANTE DE TIERRAS” y “SECUESTRADOR”.
 
En el Punto “MEDIOS PROBATORIOS” del mismo escrito de querella se lee:
“2.- En mérito al CD gravado  de la difamación realizada el 7 de Enero del 2018”.
 
En el acápite de “ANEXOS” se consigna de la misma manera el CD acompañado, de una transmisión radial y televisiva que tuvo lugar en Lima, la indicada fecha y hora. Dice allí:
“1.-C.- En CD gravado de la difamación  realizada el 7 de Enero del 2018”.
 
En consecuencia, en los 3 referidos parajes de esta malhadada querella aparece que el lugar de los hechos fue la ciudad de Lima, aquel 7 de enero del 2019, 10 AM, en las instalaciones de Radio TV Exitosa situadas en esta capital. No aparece, sin embargo, en la Resolución N° Dos, de veintinueve de mayo del dos mil diecinueve, llamada “AUTO ADMISORIO DE QUERELLA”,  que su Despacho haya visualizado el acompañado CD para darse cuenta que esas instalaciones de Radio TV Exitosa solo existen en Lima y no en la filial de Huancayo. Menos que haya analizado y evaluado las transcripciones adjuntas.
Ergo, a ojos cerrados el juez que declinamos asumió competencia, contra el tenor literal y expreso del Artículo 21° acotado, sin ocuparse de establecer en forma previa dónde fue que ocurrieron los hechos. Esto solo ya muestra mala fe procesal del querellante y dolo del delito de prevaricato del señor juez, que será motivo de denuncia penal aparte. 
 
B.- Juez se amparó en ley derogada.- Además, el señor ¡juez ha dictado el auto admisorio basándose en una norma derogada!, como es el Artículo 462° del Código Procesal Penal, derogado por el Decreto Legislativo N° 1206, del 22 de setiembre del 2015, que establece que para abrir un proceso penal cualquiera debe existir la diligencia de “presentación de cargos”.
 
No se puede abrir  un proceso penal, ordinario o especial, a nadie sin que se le haya citado debidamente para la presentación de cargos, luego de ser oído y por fin vencido. Señala la parte pertinente del Decreto Legislativo 1206 de 22-09-2015:
 
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS
PRIMERA.- Derogación de artículos del Código de Procedimientos Penales de 1940: Deróganse los artículos 197, 198, 199, 203 del Código de Procedimientos Penales de 1940.
SEGUNDA.- Derogación de artículo del Decreto Legislativo N° 124 que regula el Proceso Penal Sumario: Derógase el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 124, que regula el Proceso Penal Sumario.
TERCERA.- Derogación de las normas que se opongan al presente Decreto Legislativo. Deróguense las normas que se opongan al presente Decreto Legislativo”.
“POR TANTO: Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de setiembre del año dos mil quince”. 
      
Las normas del Código Procesal Penal, en este caso del proceso de querella, han quedado derogadas en cuanto se oponen a la innovación que trae el Decreto Legislativo N° 1206, de 22 de setiembre del 2015, como es la diligencia de “presentación de cargos” para abrir un proceso penal a cualquier denunciado. De ello se ocupa extensamente el Artículo 77° del Código de Procedimientos Penales.
 
El juez que asumió competencia ilegalmente, sin examinar el aspecto relativo al lugar de comisión del hecho, fue de frente o directamente a abrir el proceso de querella sin realizar la ineludible audiencia de “presentación de cargos”, pero aún sin analizar los recaudos acompañados por el querellante sobre tal lugar del hecho, a pesar que los querellados tienen domicilio real en Lima, a donde se cursa la notificación. No viven en Huancayo.
 
No visualizó el señor juez el CD que adjuntó el querellante,  que podría estar editado, no leyó, analizó ni valoró su transcripción que puede también ser amañada, es decir, no evaluó nada respecto al lugar de comisión del hecho, pese a lo cual asumió competencia territorial sin saber si era o no competente. Abrió proceso cerrando los ojos, sin identificar el necesario lugar donde acaecen los hechos o la conducta del supuesto infractor. Violó la ley penal expresa en partida doble. Nuestra denuncia penal está por presentarse. 
 
C.- Declinatoria de competencia y prevaricato del juez XXX.- Por los elementos que fluyen del escrito de querella y del quehacer judicial que figura en la resolución que dicta el ilegal auto admisorio, se advierte que se ha incurrido en el delito de prevaricato previsto en el numeral 418° del Código Penal, hasta en partida triple.
 
El señor juez no examina en modo alguno el aspecto de su posible competencia, o no, en relación al lugar de comisión del hecho, que aparece dicho: (a) en el texto del escrito de querella, (b) en sus medios probatorios ofrecidos (¡cuyos elementos de convicción no fueron vistos, leídos, analizados ni evaluados por el señor juez!), y (c) en sus seriados anexos.
 
Es decir, abre un proceso penal en Huancayo, donde no se produjeron los hechos imputados como dizque difamación, que acaecieron ciertamente, sin que fuesen delito alguno, en Lima, el 07-01-201910 AM, y pese a que los dos querellados domicilian también en Lima. Ambos aspectos refiere el escrito de querella en forma EXPRESA.
 
Por ende, es  fácil darse cuenta que el magistrado no solo asume una competencia por razón de territorio indebida, sino que a su vez viola el claro texto del Artículo 21° del Código Procesal Penal antes transcrito (que instituye como juez natural, competente, al del lugar de la comisión del hecho y no a otro), así como el mismo juez aplica una norma derogada, que cita, como es el Artículo 461°, del Código Procesal Penal, derogado, porque se le opone a lo que establece la Tercera Disposición Complementaria Derogatoria del  Decreto Legislativo 1206, de 22-09-2015. Todo lo opuesta a ésta, está derogado.
 
Toda norma legal que se oponga a lo que dispone esa Disposición Complementaria, que se autodenomina derogatoria, ya no está vigente. Ahora, ningún proceso penal –ordinario, sumario o de querella- será abierto por juez alguno sin citar y escuchar al denunciado o querellado, en la audiencia que hoy se llama de “presentación de cargos”.
El citado juez en cuestión por incompetente territorial no me hizo conocer los cargos, no me convocó para ese fin y sin oírme me abrió el proceso de querella, sin siquiera examinar por sí mismo los elementos de convicción que, a su regalada gana, ha adjuntado el querellante. Desoyó, pues, una norma garantista, por sumirse en lo inquisitivo de antes, cuyo último rezago en la querella ha sido abrogado.
 
Si solo hubiere visualizado el CD acompañado, de Radio TV EXITOSA, habría notado las instalaciones y el periodista que llevó a cabo la entrevista, de nombre José Rocha, que no pertenecen en modo alguno a la filial de esa empresa que tiene en Huancayo. El indicado famoso periodista Rocha trabaja en Lima y entrevista solo en esta capital del país; no es itinerante. En cuya virtud, el fórum comissi delicti fluía diáfano, es preferente, y el que el magistrado XXX aplicó es subsidiario, como lo son todos los otros que precisa el Artículo 21°, diferentes al del “lugar donde se cometió el hecho”, del inciso 1.
 
Asimismo, aparece nítida la violación del Artículo 139°, inciso 3 de la Constitución Política, que prohíbe a todo juez violar el derecho de un justiciable: “ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley”.
 
Si el cuestionado juez tuvo ante sí el lugar de comisión del hecho: Lima, los elementos de convicción que le demuestran tal lugar: Lima y, además, le consta que las dos personas querelladas domicilian en Lima, nada le autorizaba prorrogar de oficio, a Huancayo, la competencia territorial del juez de Lima que la ley establece, en primer orden. ¿Por qué lo hizo? Él tendrá que explicarlo ante los órganos de control frente a mi denuncia penal y queja de hecho. Peor aún, en mi agravio y a favor del querellante XXX que está actualmente investigado por el delito de Usurpación Agravada, por ante la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa de Huancayo, la misma que cuando pidió el desalojo preventivo del bien usurpado consideró, por escrito, que el delito instruido estaba razonablemente acreditado y que los agraviados habían probado suficiente su derecho a la posesión del bien. Este es el querellante que afirma que “sin motivo alguno” se la ha dicho que es usurpador de un terreno de más de 13,000 m2.
 
La narración de hechos que antecede, constituyen indudablemente el cúmulo de faltas muy graves que hemos imputado al juez quejado en la primera parte de esta Queja de Hecho, en búsqueda de que sea sancionado con DESTITUCIÓN. Las reitero tales faltas imputadas:
 
La retahíla de las faltas muy graves que ha cometido en mi agravio, están previstas en el Artículo 48° de la Ley de Carrera Judicial, incisos 3, 5, 12 y 13. Ellas son:
 
-“actuar en proceso a sabiendas de estar impedido de hacerlo”sabía que no le correspondía tal competencia por razón de territorio;
-“ocultar alguna prohibición que le sea imputable para el  ejercicio de la función”: ocultó de citar la norma legal que no le permite asumir competencia contra el texto de la ley. La asumió a ciegas, cerrando los ojos, sin ver los medios probatorios que adjuntó el querellante;
-“incurrir en acto (que a su vez siendo delito, por lo que también lo he denunciado penalmente), vulnere gravemente los deberes del cargo previstos en la ley”: su deber de respetar la ley que regula el debido proceso (juez competente el del lugar del hecho) fue vulnerado gravemente, en grave daño de los querellados (llevarlos de Lima a Huancayo) y a favor del extraño querellante, investigado por tráfico de tierrasy
-“no motivar las resoluciones judiciales”: en este caso no motivó el juez quejado en forma alguna, ni siquiera con una palabra, en relación al lugar del hecho y su competencia. Jamás dijo por qué se sentía o lo era competente. ¿Alguna connivencia con el querellante?
 
3.- Texto de mi Denuncia penal por prevaricato
 
Que, en estricta aplicación del  Artículo 418° del Código Penal, formulo Denuncia Penal contra el magistrado de primera instancia, XXX, del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, de la Corte Superior de Justicia de Junín, cuyo domicilio ignoro, por la ostensible comisión del delito de prevaricato en mi agravio, al haber dictado la Resolución N° Dos, en Huancayo, el veintinueve de mayo del dos mil diecinueve:
 
  1. manifiestamente contraria al texto expreso y claro de la ley: de los Artículos 21° (fórum comissi delicti) y 460° (control de admisibilidad de querellas si versan sobre hechos punibles de acción pública) del Código Procesal Penal y del Artículo 139°, inciso 3 de la Constitución Política (que instituye el juez natural del que nadie puede ser desviado); y
 
  1. apoyándose, en adición, en ley derogada, como es el Artículo 462° del mismo Código Procesal Penal, abrogado por la Tercera Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1206 del 22-09-2015.
 
Los fundamentos que amparan mi denuncia penal son los siguientes.
A.- Múltiple quehacer delictivo.- Con semejante proceder delictivo anterior, y que luego pormenorizaremos, el denunciado me inició un proceso penal por querella, el 29-05-2019, en Huancayo, pese a que los hechos acaecieron en Lima, y los 2 querellados domiciliamos también en Lima, por presunto delito de difamación, violando el texto expreso de la ley, amparándose en norma derogada y sin haberme citado ni oído. En profano: ¡a mis espaldas!
 
B.- Juez calla que se trata de investigado por usurpación agravada.- El juez denunciado, XXX, sin reparo alguno, admite la querella interpuesta por XXX, sin considerar para nada que este querellante se encuentra investigado desde el 17 de octubre del año 2018, por el gravísimo delito de Usurpación Agravada que es un delito perseguible por acción pública, ante la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa de Huancayo, Dra. Patricia Pessoa Porras.
 
La apertura de Investigación aparece de la Disposición N° 01-2018, de cuatro páginas, que acompaño, y que suscribe la Fiscal Provincial Patricia Pessoa Porras. Le abre investigación a XXX,  por delito contra el patrimonio, dice,  “en la modalidad de Usurpación Agravada, en agravio de Nérida Guilda Nieva Baldeón”, quien es prima hermana del entonces usurpador, hoy querellante.
 
C.- Juez no examinó recaudos que acompañó querella.- Este grueso hecho, de una usurpación agravada, liderando un conjunto de unas 20 personas, a mano armada y a las 3.00 AM del 10-10-2018sí, tres de la mañana, fluye del CD radial-televisivo que adjuntó con su escrito de querella el citado querulante, y que el juez denunciado jamás lo visualizóni examinó su transcripción del contenido que también acompañó Nieva Herrera. No tuvo en cuenta la supuesta prueba pero abrió proceso.
En tal CD y su transcripción, quizás editado y transcripción hecha a medida de alguien, consta la entrevista que el recurrente y otra persona concedimos al periodista José Rochaen Limael 7-01-201910.00 AMsobre precisamente esta usurpación, donde señalamos expresamente y en forma rotunda los pormenores de este grave comportamiento usurpador y de ciertas inconductas funcionales de la referida fiscalía y de algunos jueces penales. Todo esto será objeto de fondo de este proceso y carece de ánimo difamador.
 
D.- Tampoco juez se percató lo que afirmó la querella.- Dijo el querellante Nieva Herrera en su tremebunda querella que lo habíamos difamado “sin motivo alguno”, y el juez asintió eso al abrir proceso sin examinar ninguno de los elementos de convicción que presentó el propio querellante.
 
Si examinaba los recaudos antes señalados habría colegido el juez lo contrario y no admitir a trámite la querella, rechazándola de plano, tal como lo faculta al juez el Artículo 460° del Código Procesal Penal, cuyo inciso 3, se ocupa del rechazo de plano de una querella si versa “sobre hechos punibles de acción pública”. Este era el caso, pero el denunciado pasó todo esto por alto, a sabiendas de su deber jurisdiccional.
 
Existían, pues, serios y motivos fundados para haber denunciado esta usurpación de un terreno de unos 20,000 m2 en una Avenida importante de la ciudad de Huancayo. Actuamos en defensa de la causa pública y por existir una investigación abierta contra el querellante por la usurpación agravada que había consumado.
 
El tal 7-01-2019 seguía el hoy querellante en posesión del inmueble, pero un mes después el cerco de ladrillos y concreto armado que construyó en todo el perímetro del bien usurpado fue demolido por orden del Municipio Provincial de Huancayo y entregado a sus legítimos propietarios. Es decir, las autoridades hicieron eco de nuestra denuncia pública.
 
E.- No existe proceso penal sin la legal, necesaria y justa “presentación de cargos”.- Tampoco el magistrado denunciado nos citó a la audiencia de “presentación de cargos” para examinar tales cargos y la prueba que supuestamente los recaudaba, tal como lo ordena realizar el Decreto Legislativo N° 1206, de 22-09-2015, que deroga expresamente cualquier norma legal que se le oponga. Precisamente, el Artículo 462° que el juez denunciado invoca, vigente desde el 29-07-2004, se opone a lo que dispone el año 2015 el Decreto Legislativo 1206.
Hizo, pues, el juez lo que le señaló el querellante particular, quizás en concierto con él, y me abrió proceso penal sin más ni más, tal como antes se hacía cuando reinaba el principio inquisitivo del antiguo Artículo 77° del Código de Procedimientos Penales. Ahora impera el principio acusatorio y su arista adversarial aún para iniciar un proceso penal, ya que tal numeral 77° ha sido modificado por el Decreto Legislativo 1206, el mismo que deroga expresamente a cualquier norma legal que se le oponga. ¡El aludido 462° se le opone!
 
F.- Prevarica juez violando Artículo 460° del Código Procesal Penal.- En efecto, todo juez penal está obligado a realizar el “control de admisibilidad “de cualquier querella, con mayor razón de aquella que apareja recaudos, como son un CD de una transmisión radial y televisiva de una prestigiada emisora como es EXITOSA, y que también acompaña la transcripción particular que de tal CD ha realizado.
 
Si leemos la Resolución N° 2 del juez denunciado, que me abre proceso penal, no encontramos allí que tales recaudos hayan sido vistos, leídos, analizados y por fin valorados para considerar si recaudaban con propiedad o no lo querellado. Solo este trabajo jurisdiccional permite rechazar de plano o no una querella, tal como lo dispone el numeral 460° del Código Procesal, en cuyo acápite no ha sido abrogado por el Decreto Legislativo 1206, pues en la “presentación de cargos” se realiza tal examen. No lo hizo el juez denunciado, por lo que violó el  sentido expreso y claro de dicho artículo 460°: ¡más bien actuó como defensor del querellante y un juez encubridor del contenido de esa querella!
 
Veamos lo que reza su texto, que ningún juez lo puede obviar, para concluir si la querella versa o no “sobre hechos punibles de acción pública”, que en este caso lo eran.
 
“Artículo 460.- Control de admisibilidad
3. El juez, por auto especialmente motivado, podrás rechazar de plano la querella cuando sea manifiesto que el hecho no constituye delito, o la acción esté evidentemente prescrita, o verse sobre hechos punibles de acción pública”.
 
Jamás juez alguno podrá concluir lo antes subrayado, sin examinar uno a uno los recaudos que adjunta el querellante. La prueba contiene hechos; la querella solo dichos.
 Es decir, la prueba acompañada en un escrito de querella versa sobre hechos, que motivan acción pública o privada, en cambio el escrito de querella solo encierra lo que afirma el sensibilizado querellante.
 
Lo que afirma en su escrito puede ser falso, magnificado, imaginario, en clara oposición a lo que contiene el recaudo, medio probatorio o elemento de convicción que ya obra en autos. Solo un juez que está influenciado por un querellante particular, de mala ley, puede hacer lo que él le indica y no la que la ley le ordena y faculta. El delito del juez fluye diáfano, reprobable si busca o pretende dañar a las dos personas querelladas, como es hacerlas viajar a Huancayo, gastar en pasajes, estadía, alimentación y buscar un domicilio procesal en un lugar ajeno al domicilio de ambos querellados. El querellante vive e Huancayo y quizá tiene mucha llegada a los jueces de tal ciudad.
 
G.- Violación del Artículo 21° del Código Procesal Penal y Art. 139°, inciso3, de la Constitución Política.-  Sobre estos parajes constitutivos de la presente denuncia penal reproduzco todo el texto de la Queja de Hecho que he planteado contra el mismo juez denunciado. Ésta busca sanción administrativa, mientras que la denuncia penal busca infligir una pena a quien se la merece. Pido, entonces, que esa reproducción forme parte de esta denuncia, mutatis mutandis.
 
1.-El juez quejado el día 29-05-2019, ha dictado en mi contra el “Auto Admisorio de Querella”, que acompaño, por el cual me abre proceso penal, en Huancayo, por presunto delito de difamación acaecido en Lima, asumiendo ilegal competencia territorial, en violación de lo que dispone el Artículo 21°, inciso 1, del Código Procesal Penal, relativo al consagrado fórum comissi delicti: el lugar del hecho determina la competencia.
Siendo un juez de Huancayo asume ilegal competencia por un hecho producido en Lima, el 7-01-2019, 10.00 AM, tal como consta en el escrito de querella, así como en el Punto 2 de Medios Probatorios y en el Punto 1C de los Anexos de la misma.
 
2.-Con tal proceder viola  su deber de impartir justicia con respeto del debido proceso, en clara transgresión del Artículo 139°, inciso 3 de la Constitución Política, que prohíbe a todo juez vulnerar el derecho de un justiciable: “ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley”. 
 
A dos personas, que supuestamente delinquen en Lima y que domicilian también en Lima, los quiere juzgar en Huancayo, condenar a 350,000 soles de reparación civil que pide el querellante XXX, para repartirse con algunos más, porque en esta ciudad vive este señor y quizá vio o escuchó en Huancayo la entrevista radial-televisiva que transmitió EXITOSA desde Lima, a cargo del periodista José Rocha, que trabaja en Lima y no en Huancayo. Si habría escuchado o visto las imágenes en Tokio o Londres, entonces nos querellaría en Japón o en Inglaterra y el juez inglés o japonés nos llevaría esposados a tan lejanos lugares. Es decir, el proceso penal de querella al servicio e interés del querellante y del juez que en silencio asume competencia ilegal.
 
3.-Con la misma Resolución N° Dos, de 29-05-2019, que el quejado llamada Auto Admisorio de Querella, aplica el Artículo 462° del Código Procesal Penal que ha sido abrogado por el Decreto Legislativo N° 1206, de 22-09-2015, que ha derogado a toda aquella norma legal que se le opone. En efecto, el citado Decreto Legislativo para abrir cualquier proceso penal –ordinario, sumario o de querella- obliga a la realización de la diligencia de “presentación de cargos”, en audiencia pública, con todos los sujetos procesales, hecho que el juez quejado ha incumplido, vulnerando la normal legal que lo obliga, con lo cual perjudica a los justiciables, como el recurrente.
 
4.-Por esta misma ilegalidad del juez quejado he declinado su competencia, por razón de territorio, por cuya razón transcribo el texto de tal declinatoria, pidiendo que sus fundamentos sean vistos también como parte constitutiva de la presente queja.
Hago notar que la citada Resolución del quejado carece de motivación alguna, para asumir competencia territorio que no le corresponde. Asume competencia a ciegas, sin pizca de motivación alguna, lo cual es una falta muy grave específica, sin dejar de ser delito de prevaricato porque viola el texto legal sin motivar por qué produce tal violación. He aquí lo que transcribo y que forma parte de la presenta Queja de Hecho.
 
Que, en estricta aplicación de los Artículos 21° y 34° del Código Procesal Penal, formulo Declinatoria de Competencia. Declino la competencia por el territorio que su Despacho ha asumido ilegalmente, y a sabiendas, pese a que el “Fundamento Primero” de la querella y el “mérito del CD gravado” (sic)  (“Punto 2, Medios Probatorios y Anexo 1.-C”) acompañado como recaudo por el propio querellante,  demuestran palmariamente que el el lugar donde se cometió el hecho”, supuestamente delictuoso, es la ciudad de Limay no Huancayo. Curiosamente,  si la transmisión televisiva o radial se ve o escucha en Tokio o Londres, la competencia del juzgado no corresponde al juez de Japón o de Inglaterra, sino al del lugar donde se comete el hecho. Tal es nuestra inexorable ley procesal.
 
La conducta desplegada por el supuesto infractor prima o prevalece y no el interés, que puede ser  nefando o vitando,  del juez o del querellante, o de ambos. Siendo así el juez competente para conocer el presente proceso es uno de Lima, que el querellante optará y no De Oficio su juzgado. La competencia territorial no está a discreción del querellante ni del juez. La norma legal procesal la establece o determina, con claridad meridiana,  esta normal, legal y justa competencia, para evitar mezquindades o acomodos.
 
5.-Lugar de los hechos determina competencia de juez.- El citado Artículo 21°, que es un imperativo para todo juez penal,  reza:
 
“Competencia territorial.
La competencia por razón del territorio se establece en el siguiente orden:
1.- Por el lugar donde se cometió el hecho delictuoso o se realizó el último acto en caso de tentativa, o cesó la continuidad o la permanencia del delito.
2.- Por el lugar donde se produjeron los efectos del delito.
3.- Por el lugar donde se descubrieron las pruebas materiales del delito.
4.- Por el lugar donde fue detenido el imputado.
5.- Por el lugar donde domicilia el imputado”. (El subrayado es mío).
 
Se trata de un orden legal, cuya prelación define la competencia de un juez cualquiera, para que un juez de Cusco, por ejemplo, no invada la competencia de uno de Lima y viceversa. Los fiscales también están sujetos a este orden imperativo y para nada  discrecional. No existen competencias antojadizas.
 
En el escrito de querella, en sus medios probatorios y en sus anexos fluye el lugar de su comisión, los mismos que el juzgado ha soslayado para asumir competencia. Leamos:
“PRIMERO.- ...por medio de comunicación social de la Radio Televisión la “EXITOSA” el 7 de Enero del 2018 a horas 10.00 a.m. procedieron a declarar difundiendo a nivel nacional, regional y local, atribuyéndome falsamente de ser un “USURPADOR”, “TRAFICANTE DE TIERRAS” y “SECUESTRADOR”.
 
En el Punto “MEDIOS PROBATORIOS” del mismo escrito de querella se lee:
“2.- En mérito al CD gravado  de la difamación realizada el 7 de Enero del 2018”.
 
En el acápite de “ANEXOS” se consigna de la misma manera el CD acompañado, de una transmisión radial y televisiva que tuvo lugar en Lima, la indicada fecha y hora. Dice allí:
“1.-C.- En CD gravado de la difamación  realizada el 7 de Enero del 2018”.
 
En consecuencia, en los 3 referidos parajes de esta malhadada querella aparece que el lugar de los hechos fue la ciudad de Lima, aquel 7 de enero del 2019, 10 AM, en las instalaciones de Radio TV Exitosa situadas en esta capital. No aparece, sin embargo, en la Resolución N° Dos, de veintinueve de mayo del dos mil diecinueve, llamada “AUTO ADMISORIO DE QUERELLA”,  que su Despacho haya visualizado el acompañado CD para darse cuenta que esas instalaciones de Radio TV Exitosa solo existen en Lima y no en la filial de Huancayo. Menos que haya analizado y evaluado las transcripciones adjuntas.
Ergo, a ojos cerrados el juez que declinamos asumió competencia, contra el tenor literal y expreso del Artículo 21° acotado, sin ocuparse de establecer en forma previa dónde fue que ocurrieron los hechos. Esto solo ya muestra mala fe procesal del querellante y dolo del delito de prevaricato del señor juez, que será motivo de denuncia penal aparte. 
 
6.- Juez se amparó en ley derogada.- Además, el señor ¡juez ha dictado el auto admisorio basándose en una norma derogada!, como es el Artículo 462° del Código Procesal Penal, derogado por el Decreto Legislativo N° 1206, del 22 de setiembre del 2015, que establece que para abrir un proceso penal cualquiera debe existir la diligencia de “presentación de cargos”.
 
No se puede abrir  un proceso penal, ordinario o especial, a nadie sin que se le haya citado debidamente para la presentación de cargos, luego de ser oído y por fin vencido. Señala la parte pertinente del Decreto Legislativo 1206 de 22-09-2015:
 
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS
PRIMERA.- Derogación de artículos del Código de Procedimientos Penales de 1940: Deróganse los artículos 197, 198, 199, 203 del Código de Procedimientos Penales de 1940.
SEGUNDA.- Derogación de artículo del Decreto Legislativo N° 124 que regula el Proceso Penal Sumario: Derógase el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 124, que regula el Proceso Penal Sumario.
TERCERA.- Derogación de las normas que se opongan al presente Decreto Legislativo. Deróganse las normas que se opongan al presente Decreto Legislativo”.
“POR TANTO: Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de setiembre del año dos mil quince”.  
     
Las normas del Código Procesal Penal, en este caso del proceso de querella, han quedado derogadas en cuanto se oponen a la innovación que trae el Decreto Legislativo N° 1206, de 22 de setiembre del 2015, como es la diligencia de “presentación de cargos” para abrir un proceso penal a cualquier denunciado. De ello se ocupa extensamente el Artículo 77° del Código de Procedimientos Penales.
El juez que asumió competencia ilegalmente, sin examinar el aspecto relativo al lugar de comisión del hecho, fue defrente o directamente a abrir el proceso de querella sin realizar la ineludible audiencia de “presentación de cargos”, pero aún sin analizar los recaudos acompañados por el querellante sobre tal lugar del hecho, a pesar que los querellados tienen domicilio real en Lima, a donde se cursa la notificación. No viven en Huancayo.
 
No visualizó el señor juez el CD que adjuntó el querellante,  que podría estar editado, no leyó, analizó ni valoró su transcripción que puede también ser amañada, es decir, no evaluó nada respecto al lugar de comisión del hecho, pese a lo cual asumió competencia territorial sin saber si era o no competente. Abrió proceso cerrando los ojos, sin identificar el necesario lugar donde acaecen los hechos o la conducta del supuesto infractor. Violó la ley penal expresa en partida doble. Nuestra denuncia penal está por presentarse.
 
7.- Declinatoria de competencia y prevaricato del juez XXX.- Por los elementos que fluyen del escrito de querella y del quehacer judicial que figura en la resolución que dicta el ilegal auto admisorio, se advierte que se ha incurrido en el delito de prevaricato previsto en el numeral 418° del Código Penal, hasta en partida triple.
 
El señor juez no examina en modo alguno el aspecto de su posible competencia, o no, en relación al lugar de comisión del hecho, que aparece dicho: (a) en el texto del escrito de querella, (b) en sus medios probatorios ofrecidos (¡cuyos elementos de convicción no fueron vistos, leídos, analizados ni evaluados por el señor juez!), y (c) en sus seriados anexos.
 
Es decir, abre un proceso penal en Huancayo, donde no se produjeron los hechos imputados como dizque difamación, que acaecieron ciertamente, sin que fuesen delito alguno, en Lima, el 07-01-201910 AM, y pese a que los dos querellados domicilian también en Lima. Ambos aspectos refiere el escrito de querella en forma EXPRESA.
 
Por ende, es  fácil darse cuenta que el magistrado no solo asume una competencia por razón de territorio indebida, sino que a su vez viola el claro texto del Artículo 21° del Código Procesal Penal antes transcrito (que instituye como juez natural, competente, al del lugar de la comisión del hecho y no a otro), así como el mismo juez aplica una norma derogada, que cita, como es el Artículo 461°, del Código Procesal Penal, derogado, porque se le opone a lo que establece la Tercera Disposición Complementaria Derogatoria del  Decreto Legislativo 1206, de 22-09-2015. Todo lo opuesta a ésta, está derogado.
 
Toda norma legal que se oponga a lo que dispone esa Disposición Complementaria, que se autodenomina derogatoria, ya no está vigente. Ahora, ningún proceso penal –ordinario, sumario o de querella- será abierto por juez alguno sin citar y escuchar al denunciado o querellado, en la audiencia que hoy se llama de “presentación de cargos”.
El citado juez en cuestión por incompetente territorial no me hizo conocer los cargos, no me convocó para ese fin y sin oírme me abrió el proceso de querella, sin siquiera examinar por sí mismo los elementos de convicción que, a su regalada gana, ha adjuntado el querellante. Desoyó, pues, una norma garantista, por sumirse en lo inquisitivo de antes, cuyo último rezago en la querella ha sido abrogado.
 
Si solo hubiere visualizado el CD acompañado, de Radio TV EXITOSA, habría notado las instalaciones y el periodista que llevó a cabo la entrevista, de nombre José Rocha, que no pertenecen en modo alguno a la filial de esa empresa que tiene en Huancayo. El indicado famoso periodista Rocha trabaja en Lima y entrevista solo en esta capital del país; no es itinerante. En cuya virtud, el fórum comissi delicti fluía diáfano, es preferente, y el que el magistrado XXX aplicó es subsidiario, como lo son todos los otros que precisa el Artículo 21°, diferentes al del “lugar donde se cometió el hecho”, del inciso 1.
 
Asimismo, aparece nítida la violación del Artículo 139°, inciso 3 de la Constitución Política, que prohíbe a todo juez violar el derecho de un justiciable: “ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley”.
 
Si el cuestionado juez tuvo ante sí el lugar de comisión del hecho: Lima, los elementos de convicción que le demuestran tal lugar: Lima y, además, le consta que las dos personas querelladas domicilian en Lima, nada le autorizaba prorrogar de oficio, a Huancayo, la competencia territorial del juez de Lima que la ley establece, en primer orden. ¿Por qué lo hizo? Él tendrá que explicarlo ante los órganos de control frente a mi denuncia penal y queja de hecho. Peor aún, en mi agravio y a favor del querellante XXX que está actualmente investigado por el delito de Usurpación Agravada, por ante la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa de Huancayo, la misma que cuando pidió el desalojo preventivo del bien usurpado consideró, por escrito, que el delito instruido estaba razonablemente acreditado y que los agraviados habían probado suficiente su derecho a la posesión del bien. Este es el querellante que afirma que “sin motivo alguno” se la ha dicho que es usurpador de un terreno de más de 13,000 m2.
 
La narración de hechos que antecede, constituyen indudablemente el cúmulo de faltas muy graves que hemos imputado al juez quejado en la primera parte de esta Queja de Hecho, en búsqueda de que sea sancionado con DESTITUCIÓN. Las reitero tales faltas imputadas:
 
La retahíla de las faltas muy graves que ha cometido en mi agravio, están previstas en el Artículo 48° de la Ley de Carrera Judicial, incisos 3, 5, 12 y 13. Ellas son:

-“actuar en proceso a sabiendas de estar impedido de hacerlo”sabía que no le correspondía tal competencia por razón de territorio;
-“ocultar alguna prohibición que le sea imputable para el  ejercicio de la función”: ocultó de citar la norma legal que no le permite asumir competencia contra el texto de la ley. La asumió a ciegas, cerrando los ojos, sin ver los medios probatorios que adjuntó el querellante;
-“incurrir en acto (que a su vez siendo delito, por lo que también lo he denunciado penalmente), vulnere gravemente los deberes del cargo previstos en la ley”: su deber de respetar la ley que regula el debido proceso (juez competente el del lugar del hecho) fue vulnerado gravemente, en grave daño de los querellados (llevarlos de Lima a Huancayo) y a favor del extraño querellante, investigado por tráfico de tierrasy
-“no motivar las resoluciones judiciales”: en este caso no motivó el juez quejado en forma alguna, ni siquiera con una palabra, en relación al lugar del hecho y su competencia. Jamás dijo por qué se sentía o lo era competente. ¿Alguna connivencia con el querellante?

H.- Prevaricato fluye diáfano.- En conclusión, se trata de un delito de prevaricato múltiple, de varias aristas delictivas, el cometido por el juez denunciado XXX.

El referido juez denunciado me abrió un proceso penal contra el sentido expreso y claro de los Artículos 21° 460° del Código Procesal Penal, así como del Artículo 139°, inciso 3, de la Constitución Política, asumiendo una competencia territorial adrede, pisoteando el consagrado apotegma fórum comissi delicti, histórico e internacional.
 
Igualmente, me procesó sin citarme ni oírme, aplicando el Artículo 462° derogado por el Decreto Legislativo N° 1206, de 22-09-2015. Esta norma reciente, del año 2015, deroga expresamente todas las normas legales que se le opongan.
 
4.- A manera de conclusión de esta RECUSACIÓN
 
Por las razones que anteceden fluye que usted es mi parte contraria, por cuya razón es un juez sospechoso, no llamado para tramitar la Declinatoria de competencia planteada.
 
POR TANTO:
 
Se servirá declarar fundada esta Recusación y remitir la causa al llamado por ley.
 
OTROSÍ  DIGO.- He revisado la resolución que instituye las tasas judiciales y he constatado que no está considerad el pago de tasa alguna por recusar a un juez.
 
Huancayo, 2 de julio del 2019.